El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a Ecologistas en Acción y ha dejado sin efecto la aprobación por parte de la Junta en 2014 de la modificación número 8 de las Normas Urbanísticas de Carmona, del año 1983. El gobierno local (PP) impulsó el cambio de varios artículos en un intento por acelerar la regulación de algunas de las históricas edificaciones que tiene en suelo no urbanizable, en este caso, las granjas ganaderas que, sin una primera regulación urbanística no pueden pasar el trámite ambiental para legalizar la actividad. También quería facilitar la autorización de infraestructuras eléctricas, de gas y otros servicios sin esperar a un PGOU que lleva años en trámite y que, a día de hoy, sigue sin estar en vigor.

Entre otros artículos, se modificaba el que afectaba a los suelos no urbanizables de especial protección de riberas de ríos y arroyos y de carreteras, vías pecuarias o caminos para reducir los cien metros de distancia fijados para edificaciones o instalaciones y ceñirse a la legislación estatal y autonómica. En la defensa de la modificación, la Junta y el Ayuntamiento subrayaron que esas normas superiores ya prevén actuaciones en estas zonas de forma excepcional para obras de interés público y previa valoración ambiental de su incidencia. Pero el TSJA considera que falta motivación para un cambio de tal calado, teniendo en cuenta el principio de "no regresión planificador para la protección medioambiental". También se intentó reformar el artículo 20, que afecta a las distancias mínimas entre edificaciones a las ya existentes y las dimensiones de las parcelas edificables en zonas del Escarpe, la Vega y la Campiña. Pero el TSJA recuerda que este cambio no se sometió siquiera al trámite de evaluación ambiental.

La organización conservacionista mostró su satisfacción por esta nueva sentencia que le da la razón y que se suma a otras. El TSJA ya anuló una modificación del PGOU de Salteras por motivos similares. Ecologistas en Acción tiene recurridas otras parecidas en La Puebla de Cazalla, Sanlúcar la Mayor y Arahal. "Generalmente, estos intentos de desproteger el suelo están relacionados con instalaciones productivas o la regularización de viviendas ilegales", destaca.