El TSJA valida las tasas de Aznalcázar a los rocieros

  • Desestimado el recurso del Gobierno andaluz contra la petición municipal de fijar una fianza de 3.000 euros a cada hermandad y 25 euros a cada vehículo para cubrir posibles desperfectos en la zona.

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado las tasas y fianzas impuestas por el Ayuntamiento de Aznalcázar a las hermandades rocieras para garantizar el bueno uso y limpieza de los pinares municipales donde descansan, al rechazar el recurso de la Junta de Andalucía. 

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrarivo del TSJA de Sevilla ha desestimado el recurso que el entonces delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Javier Fernández, presentó contra esta iniciativa de la alcaldesa de Aznalcázar, Lola Escalona (PSOE), aprobada en diciembre de 2014, en un auto al que ha tenido acceso Efe. 

El tribunal andaluz ha considerado conforme a derecho estas ordenanzas municipales, que fijaron una fianza de 3.000 euros a cada una de las 57 hermandades que utilizan los pinares municipales para sestear o para pernoctar, que se les devolvería si no causan desperfectos en la zona, así como el canon de 25 euros que grava cada vehículo a motor de las respectivas hermandades. 

El Ayuntamiento decidió en el Pleno celebrado esta semana renuncia a la aplicación de la mencionada tasa por la aportación de 30.000 euros que la Diputación realiza para limpieza, vigilancia y conservación del entorno por el que transitan los romeros hacia El Rocío.

La entonces regidora de Aznalcázar, Lola Escalona, quien dejó este cargo tras lograr su tercera mayoría absoluta y ahora es asesora de la Diputación sevillana, ha expresado su "alegría y satisfacción" por este fallo, que valida unas ordenanzas que suscitaron una importante polémica y que, en su opinión, fueron tergiversadas. 

Escalona ha recordado que la fianza y tasas aprobadas se cobran desde hace años por municipios cercanos, como Almonte o Hinojos, y ha destacado la obligación de Aznalcázar de preservar su gran patrimonio natural y obtener recursos a cambio. 

Ha señalado que el 85 por ciento del término municipal de Aznalcázar está protegido ambientalmente y que 2.800 hectáreas agrícolas se expropiaron tras el desastre de la mina de Aznalcóllar de 1998, "y desde entonces no generan ingresos al municipio". 

En su opinión, el fallo reconoce la validez de estas ordenanzas que pretenden preservar el alto valor ecológico de estos pinares -que acogen a algunos de los escasísimos ejemplares de lince ibérico que sobreviven en Doñana- y generar empleos en este municipio, "con una elevada tasa de paro", ha recordado. 

"Tengo una gran satisfacción por este fallo porque, al final, la lucha tiene sentido y se ha demostrado que hay que preservar el medio ambiente y cuidar los pinares para que los disfrute todo el mundo pero que también todo el mundo tiene que ser respetuoso con ellos; y además, crear empleos que también era nuestro afán, dado el paro que tiene Aznalcázar", ha apostillado. 

La entrada en vigor de estas ordenanzas se pospuso el año pasado tras firmarse un convenio por el que la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla aportarán anualmente 50.000 euros para contratar a una veintena de parados de Aznalcázar para la limpieza y control de estos pinares.

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