Tranquilidad sólo a medias por el futuro del sector del cangrejo rojo

  • Algunas fábricas ya han arrancado la campaña con animales procedentes de Extremadura.

El alcalde de Isla Mayor, Juan Molero (PSOE), confía en que la nueva orden que la Junta sacará en julio no suponga grandes cambios en la campaña de captura del cangrejo rojo que, según está previsto, arrancará en el municipio en agosto, cuando los arrozales se inundan, y durará unos cuatro meses. En las fábricas ya están trabajando entre 160 y 170 personas con animales procedentes de Extremadura y ejemplares congelados y almacenados de otras campañas. En este sentido, admitió los nervios que causó la publicación, el pasado 17 de junio, en el Boletín Oficial del Estado de la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía su comercialización por ser una especie exótica invasora, sin las excepciones que contempló el Gobierno en el real decreto 630/2013. No obstante, la Junta ha trasladado a los empresarios y al Consistorio que hay un plazo de dos meses para cumplir el fallo y que antes entrará en vigor la citada orden de la Administración autonómica, con la que se dará respuesta a marchas forzadas a la incertidumbre de un sector que está sin regularizar, pese al peso específico que tiene en la economía de la comarca, con 20 millones de facturación al año y una producción que en un 80% se exporta.

Básicamente, esa orden de la Junta será otra especie de excepción a la prohibición, ya que regulará, desde el punto de vista ambiental, el control poblacional del animal, cuya eliminación a estas alturas -se introdujo en la zona en 1974 y ya con fines comerciales y sociales, cuando el arroz se mecanizó y dejó de necesitar tanta mano de obra- podría tener otros perjuicios. Por ejemplo, se ha incorporado a la cadena alimentaria de las aves de la zona. Sí se prevé que incorpore más controles sobre los movimientos del cangrejo vivo, para evitar su expansión. El regidor se mostró convencido, en este sentido, de que los pescadores y las empresas colaborarán, ya que son los primeros interesados en defender la singularidad de su industria.

Molero reconoció que la publicación en el BOE del fallo provocó cierta alarma, ya que se entendía que la sentencia del Supremo era de obligado cumplimiento a partir de ese momento. No obstante, la visita del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, a la localidad tranquilizó un poco los ánimos, aunque todos siguen expectantes por las medidas concretas que den una solución a largo plazo al sector, del que vive de forma directa e indirecta el 70% de la población de Isla Mayor, un municipio con 6.200 vecinos.

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