Vecinos de Aljamar se movilizan contra una casa de citas ilegal

  • La actividad del adosado, denunciada ante la Policía Local, la Guardia Civil y la Fiscalía de Menores, se anuncia en una web, con un mapa de la urbanización

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Alrededor de 40 vecinos de la urbanización Aljamar, en Tomares, participaron ayer en una concentración para exigir a las autoridades que hagan algo para acabar con la actividad de un prostíbulo que, según denuncian, funciona desde hace ya siete meses de forma irregular en una de las casas de esta tranquila zona residencial del Aljarafe. La dirección del adosado, en la calle Estacada del Pino, aparece incluso en una página web de citas, en la que se promociona como una "casa privada muy discreta" y en la que se acepta la tarjeta Visa para pagar los servicios que se presten. Incluso puede consultarse cómo llegar a ella en un mapa.

La principal afectada por esta situación es la familia de Pedro Soriano, el vecino que vive en el número 27 de la calle desde hace ya 14 años. Su vivienda está pared con pared con el adosado de la polémica, que hace esquina por el otro lado. Después de varias denuncias ante la Policía Local de Tomares, la Guardia Civil de San Juan y, la última, ante la Fiscalía de Menores decidió el lunes tomar medidas más drásticas. Su mujer y sus dos hijas, de seis y ocho años, se han trasladado a vivir a casa de familiares "provisionalmente" y de forma casi desesperada, mientras que el padre explicó su situación a la prensa y solicitó ayuda a sus vecinos, que le respaldaron.

"Todo empezó en septiembre de 2007, cuando el propietario alquiló la casa. Empezaron las fiestas y el ruido a todas horas", relataba todavía con poca soltura y cierto reparo a la prensa horas antes de la concentración. Tras un par de ocasiones en las que Pedro intentó pedir a los nuevos vecinos que intentaran no armar tanto jaleo a deshoras, se dio cuenta de que no se trataba de simples reuniones privadas y, según asegura, las palabras y conversaciones de alto contenido pornográfico ya se escuchaban de forma habitual desde su casa.

En estos meses, asegura, su mujer y él han tenido que hacer auténticos esfuerzos para mantener a sus hijas al margen, intentando que no estuvieran en determinadas zonas de su propia vivienda. "Mi mujer no podía más con esa carga. Lo peor es el daño psicológico", dice Pedro, que también asegura que el tránsito de vehículos en la calle es muy importante.

Ya el 28 de febrero puso las primeras denuncias, en las que alertaba de la situación en el cuartel de la Guardia Civil de San Juan y ante la Policía Local. Luego vinieron más. Pero hasta ayer no tenía constancia de que se hubieran tramitado o se hayan hecho averiguaciones. A principios de abril, y debido a la situación de sus hijas, puso otra denuncia ante la Fiscalía de Menores.

Pedro, que sostiene que el propietario de la casa quiere también rescindir el contrato de alquiler, asegura que pudo trasladar su problema al alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP), aunque le transmitió que, al no tener licencia de apertura ni autorización alguna, están muy limitados. Ni siquiera la Policía puede inspeccionar un domicilio privado, según consta, sin una orden judicial. No obstante y después de la concentración, el primer edil emitió un comunicado en el que mostraba su respaldo a los vecinos y anunciaba que el Ayuntamiento está trabajando con "todos los elementos legales a su alcance" para resolver la situación.

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