El Consorcio de Compensación de Seguros ya ha indemnizado con 1,98 millones de euros a afectados por las inundaciones que el pasado mes de octubre azotaron la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. Según datos del Gobierno central, el consorcio ha recibido 2.347 solicitudes de indemnización, de las cuales, ya se han tramitado y peritado 2.005.

Según consta en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Europa Press, además de las 2.347 solicitudes registradas, al registro del consorcio continuan llegando partes de siniestro aunque con un ritmo más ralentizado.

De los 342 expedientes que aún continúan en tramitación, uno de ellos se debe a un siniestro por fallecimiento –en las inundaciones murieron dos mujeres, una maestra de 35 años que viajaba en un vehículo cuando fue sorprendida por la tromba de agua y una mujer de 70 años que fue alcanzada por el derrumbe de un muro de su vivienda–. 

Según consta en la respuesta, las gestiones realizadas han permitido completar toda la documentación del expediente y el consorcio está solamente a la espera de que el beneficiario de la indemnización firme el recibo finiquito para efectuar la transferencia bancaria.

Del resto de expedientes que aún están si concluir, 120 están peritados y pendientes de análisis de la documentación aportada y su pago estaba previsto para estos días; otros 210, en fase de peritación, corresponden a las solicitudes de indemnización recibidas en el Consorcio en fechas más recientes y once más se encuentran pendientes de que el asegurado aporte documentación al expediente.

El Consorcio de Compensación de Seguros atiende los daños producidos por inundación pero no los ocasionados por el granizo que, en su caso, son susceptibles de ser atendidos por las aseguradoras privadas cuando así se estipulara en las pólizas de seguro que hubieran contratado los afectados.

A las labores que el consorcio realiza con las indemnizaciones se añaden las tareas iniciales de carácter informativo y de apoyo, dentro de las que se enmarcó el desplazamiento del Delegado regional en Andalucía Occidental y de un equipo de tasadores que reconocieron al día siguiente de la inundación las zonas afectadas e hicieron una estimación del número de afectados y la importancia económica de los daños.

Dos días más tarde, el consorcio también acordó con el Ayuntamiento de la localidad la apertura de una oficina específica para informar a los afectados sobre la cobertura aseguradora del Consorcio y en la que éstos pudieran recoger sus solicitudes de indemnización.

En su respuesta por escrito el Ejecutivo también recuerda que, en lo que respecta al Ministerio del Interior, el régimen de ayudas aplicables para paliar los daños producidos por las inundaciones es el previsto en el Real Decreto de 18 de marzo de 2007, por el que se regulan las subvenciones en atención de determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

Al respecto, indica que de acuerdo con lo acordado por el Consejo de Ministros del pasado 5 de octubre, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, a través de la Delegación del Gobierno de Andalucía, y en colaboración con las Administraciones territoriales, está procediendo a la determinación de los daños después de que ya se han iniciado los correspondientes procedimientos de concesión de las ayudas.