El Juzgado de Instrucción Número 8 de Sevilla ha iniciado un procedimiento contra el alcalde de Guillena, Justo Padilla (PSOE), por un presunto delito contra la ordenación del territorio al autorizar la construcción de naves industriales en unos terrenos considerados como zona verde.

El proceso al regidor llega después de que la Audiencia de Sevilla haya rechazado un recurso de apelación de Padilla para solicitar el sobreseimiento de la causa abierta contra él tras una denuncia de la Fiscalía de Sevilla, que pide para el alcalde tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para cargo o función pública.

La denuncia contra Padilla está fundamentada en la autorización que el regidor concedió para la construcción de naves industriales en suelos calificados como zona verde junto al polígono industrial El Cerro de Guillena.

La licencia de construcción para estas naves se produjo de forma previa a un cambio en la calificación de estos suelos en el Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMO) de Guillena, de forma que el permiso se dio cuando el nuevo ordenamiento estaba aprobado de forma provisional, pero no definitiva.

La Audiencia de Sevilla argumentó en su día que Justo Padilla estaba "haciendo caso omiso y obviando informes técnicos desfavorables" cuando concedió los permisos de construcción de las naves junto a El Cerro.

Fuentes cercanas al regidor guillenero han declarado hoy a Efe que tanto la Junta de Andalucía como el Consejo Consultivo de Andalucía dieron su visto bueno a la operación tras sendas consultas y han destacado que la operación "se ajustó a la legalidad".

El entorno de Padilla ha subrayado que "administrativa y urbanísticamente" la construcción de estas naves se encuentra "plenamente legalizada", toda vez que la aprobación definitiva del PGMO contemplaba el uso industrial de los suelos, mediante una permuta de las zonas verdes del polígono El Cerro, que "incluso aumentaba los espacios verdes inicialmente previstos".

Para el alcalde de Guillena, lo que se juzga es la concesión de los permisos en un periodo de "provisionalidad administrativa", toda vez que existía "una demanda y una necesidad social" en el municipio para crear y reubicar tallares y empresas de la localidad en estas naves, por lo que no se esperó hasta la aprobación definitiva del ordenamiento urbanístico de la localidad y se otorgó la licencia de construcción de las naves durante la aprobación provisional del PGMO.

Los hechos, según la denuncia presentada por el grupo municipal de IU-Nueva Izquierda-Unidad Popular Andaluza, datan de abril de 2002 cuando se otorgaron mediante decreto de Alcaldía licencias urbanísticas para realizar obras de construcción de 21 naves en el polígono industrial El Cerro.

Los denunciantes particulares y la Fiscalía de Medio Ambiente han incidido en que la autorización se dio pese a los informes desfavorables a dicha concesión del secretario y el arquitecto municipal, ya que se exigía previamente la modificación de la calificación del suelo al tratarse de una zona verde.