El alcalde de Burguillos, Domingo Delgado (PP), intenta negociar con el Gobierno un plan excepcional de pago a proveedores que le permita hacer frente a un desembolso de casi 13 millones de euros. Es la cantidad que el Consistorio tendría que aportar de una vez para que se lleve a cabo la quita del 70% de la deuda que los acreedores de Burguillos Natural se han mostrado dispuestos a hacer en el marco del proceso concursal de la empresa municipal, cuya deuda con empresas asciende a 42 millones, aunque llega los 47 con pagos a Hacienda y Seguridad Social.

Las condiciones de ese crédito que pretende obtener el Consistorio con la mediación del Estado tendrían que ser asumibles, a muchos años vista. Para afrontarlo también es necesario que la Junta y la Diputación den una "moratoria" en el reintegro de la subvenciones que, recordó el edil, siguieron dando incluso cuando el anterior gobierno socialista acumulaba una importante deuda con Hacienda y la Seguridad Social, pese a que la ley exige estar al día para recibirlas.

Fueron las novedades que el regidor trajo ayer a la sede del PP de Sevilla, en su primera comparecencia pública desde que el Pleno aprobó declarar la "inviabilidad" del Ayuntamiento. Con 6.500 vecinos acumula, según el Interventor, una deuda de 65,3 millones entre el Ayuntamiento y la empresa municipal, que con otros pagos por obras comprometidas, repercusión del IVA y resoluciones judiciales superará los 70 millones. El regidor subrayó que si las administraciones no afrontan ahora el problema, se lo encontrarán en unos meses, cuando la sociedad sea liquidada y la deuda recaiga sobre el Consistorio, que no podrá prestar servicios básicos.

Aseguró además que dimitirá, que entregará las llaves, desde el momento en que sea imputado por delitos de desobediencia grave -con multas semanales que van de 300 a 1.500 euros- por no cumplir con las sentencias firmes que condenan al Consistorio a pagar cantidades por más de dos millones de euros, que no tienen, algo que se será inminente, según le han trasladado los jueces.

"No voy a poner en peligro el patrimonio de mi familia por la gestión de un gobierno anterior", destacó, y recordó que podría implicar la disolución del Ayuntamiento. Es la situación que se ha producido ya en el municipio leonés de Valderas, donde la alcaldesa socialista ha renunciado tras ser imputada por incumplir sentencias que provienen de un alcalde anterior y donde PP y PSOE han exigido la "tutela financiera" como única alternativa a la creación de una comisión gestora.

El alcalde de Burguillos anunció además que va a llevar a la Fiscalía nuevas irregularidades cometidas durante los 16 años de gobierno socialista, como la supuesta venta de unos terrenos en los que levantó su casa un edil socialista y que no se habrían pagado, o el caso que ya fue archivado de la empresa Cruz de la Ermita.