El ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos, Manuel Ruiz Lucas, declaró ayer ante el juez en calidad de imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos. Los hechos se remontan a 2007, justo antes de las elecciones municipales, cuando el ex regidor ordenó al arquitecto Jerónimo Andreu la elaboración del proyecto básico de ampliación de la residencia geriátrica municipal Vicente Ferrer.

La elección se hizo a dedo y de forma verbal, sin pasar por el proceso de contratación que estipula la ley para los organismos públicos, por lo que prescindió de cualquier tipo de tramitación regular para estas contrataciones. A ello hay que añadir que el terreno elegido para llevar a cabo las obras de ampliación, el parque de la residencia, no era urbanizable, al aparecer en las normas subsidiarias como zona verde, por lo que quedaban nulos el proyecto y su ejecución.

A pesar de que por aquel entonces el Ayuntamiento contaba con un arquitecto municipal, Manuel Ruiz Lucas, cuando aún se encontraba como alcalde en funciones, y pocos días después de perder las elecciones municipales de 2007, dio orden de que se abonaran los primeros 18.000 eruos de los 52.642 que finalmente el arquitecto Jerónimo Andreu requirió por la redacción de este proyecto. No obstante, y a pesar de que el Juzgado condenó al Consistorio a abonar la totalidad de los honorarios de Andreu cuando tomó posesión de su cargo el nuevo equipo de gobierno (PSOE), ha deducido testimonio contra Manuel Ruiz Lucas al considerar que existieron irregularidades en el proceso de contratación, por lo que fue llamado a declarar ayer en calidad de imputado.

Por otro lado, la Fiscalía de Sevilla ha formulado ante el Juzgado de Instrucción número 15 una denuncia por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental contra el funcionario del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos al que la propia Administración local atribuye el supuesto desfalco de 114.744,45 euros de las arcas públicas.

El alcalde de Castilblanco de los Arroyos, Segundo Benítez (PSOE), ha informado a Europa Press de que después de que el pasado mes de marzo el Ayuntamiento elevase los hechos a la Fiscalía, el Ministerio Público ha formulado ante el Juzgado de Instrucción número 15 una denuncia contra este funcionario por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

"La Fiscalía ha admitido nuestra denuncia y ha denunciado los hechos ante un juzgado", ha manifestado el primer edil, quien recuerda que el funcionario en cuestión sigue disfrutando de la baja laboral solicitada por él mismo una vez se hizo público el caso. Según el alcalde, este funcionario -que lleva unos 20 años ligado al Ayuntamiento- trabajaba en las áreas de administración y recaudación y se encargaba prácticamente en solitario de tramitar íntegramente los expedientes de licencias o acometidas. El primer edil explica que, conforme al camino seguido por diversos expediente entre 2000 y 2011, este funcionario habría eludido registrar en la contabilidad municipal el cobro de determinadas licencias.