El alcalde de Espartinas, Domingo Salado (PP), tendrá que rebajarse el sueldo de 54.767 euros que tiene asignado en un 9,5% para adaptarse a los topes que la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha fijado para los municipios del tamaño de la localidad, de 14.484 habitantes, y que, como máximo puede ser de 50.000 euros brutos al año. Es la cantidad que en adelante ingresará Salado y de la que se dará cuenta en un Pleno que se celebra mañana viernes.

El grueso de los ayuntamientos no están obligados a cumplir con estos máximos -que afectan también al número de ediles liberados a tiempo completo y a cargos de confianza- hasta las elecciones de 2015, con la excepción de los que no cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y cuyo plazo medio de pago a proveedores supera los 30 días, que deben adaptarse ya. Según explicó ayer el teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Javier Jiménez, Espartinas sólo incumple el tercer supuesto, porque tiene una deuda de más de dos millones con su sociedad municipal Esdelsa, que computa como proveedor, aunque aseguró que el plazo sí se cumple con el resto de empresas.

Como Espartinas, también Estepa ha tenido que hacer estos ajustes por adelantado y es previsible que haya más casos. Aunque, según un estudio, de media, los sueldos de los alcaldes sevillanos que cobran de los presupuestos locales están casi un 19% por debajo de los topes de la nueva ley. Pero hay muchos, 21 alcaldes, que perciben sueldos de otras administraciones en las que son representantes o como cargos de confianza de sus partidos.

Jiménez destacó que, por ahora, la ley no supondrá cambios en el personal eventual o de confianza. Espartinas, con 14.485 vecinos en el padrón oficial de 2013, puede tener a dos como máximo (la pauta para los pueblos entre 10.000 y 20.000 vecinos) y ahora tiene a uno contratado directamente por el Ayuntamiento. En cuanto a los concejales liberados a tiempo completo (la ley no dice nada de los que tienen sueldo por dedicación parcial), Espartinas puede tener a cinco como máximo. Siete, si el Ministerio de Hacienda y Administración Públicas acepta que en ese padrón ya se han superado los 15.000 habitantes y que supone un salto en la horquilla que fija la ley para ese aspecto concreto. Entre 15.001 y 20.000 habitantes pueden tener siete ediles. Ahora, hay cuatro concejales liberados directamente por el Consistorio.

No obstante, el propio Javier Jiménez, que ahora cobra como consejero delegado de la Empresa de Desarrollo de Espartinas (Esdelsa) pasará a estar liberado por el Consistorio cuando culmine el proceso de disolución de esta entidad que, durante décadas, ha sido uno de los pilares de la gestión local del PP. En el mismo Pleno va la propuesta de la Alcaldía para iniciar ese proceso, que podría resolverse en tres meses. Jiménez precisó que las cinco personas que quedan serán trasladadas a los otros dos entes, el Organismo Autónomo Local o Espartinas Global, o directamente subrogadas en el Consistorio, que ya ejecutó en 2012 un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con 72 despidos.

Jiménez explicó que, atendiendo a la reforma local, Esdelsa podría seguir operativa hasta 2015, pero teniendo en cuenta la situación del mercado y que lleva dos años con pérdidas, el gobierno local ha optado por liquidarla antes de verse abocado al concurso de acreedores. El Consistorio no puede y descarta además hacer una ampliación de capital.

Pese a todo, negó que la liquidación se vaya a hacer por las deudas. Tiene bienes y derechos a su favor, dijo, por cuatro millones y créditos y obligaciones en su contra por 600.000 euros, el grueso con el propio Ayuntamiento y con promotores de VPO que no cumplieron el contrato y se les retuvo parte de lo que aportaron. La sociedad se encarga de la gestión del centro comercial municipal de Santa Ana, de la plaza de toros y de la promoción y el registro de demandantes de VPO y de ferias y eventos. A través de esta sociedad, el Ayuntamiento ejerció en su día como apoderado del entonces novillero Agustín Pérez, Agustín de Espartinas, un contrato del que la oposición no tuvo constancia y que el PSOE denunció en la Fiscalía y que sigue en el juzgado.