El sector F o la urbanización Santa Iglesia de Almensilla ha adquirido relevancia en los medios desde que, en julio de 2015, trascendió que el tesorero de la junta de compensación había desaparecido tras reconocer en un e-mail que había sacado varios millones de euros de las cuentas, con los que se iba a hacer frente a una importante deuda que los parcelistas adquirieron con el banco para las obras. Pero éste sólo ha sido el último problema o el más grave y llamativo.

Las dificultades en las obras de urbanización y los litigios vienen de antes y son diferentes. Uno de ellos se ha resuelto con el archivo de la querella que una empresa que realizó trabajos para la urbanización y que también tiene parcelas, Curba Consultores, presentó en 2013 contra el alcalde de Almensilla de 2011 a 2015, José Carlos López (IU), por prevaricación, y contra el secretario municipal y el presidente de la junta de compensación por delitos de falsedad documental, cuando se le denegó compensar las reclamaciones con "apremio" que tiene por no pagar derramas de la urbanización con la deuda que Curba reclama a su vez por proyectos realizados en 2004.

En su día, la citación de estas personas se relacionó con lo ocurrido después, aunque son casos diferentes. En el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Coria, del 23 de mayo y que confirma el sobreseimiento que pidió la Fiscalía, se relata que no puede haber prevaricación en una resolución de la Alcaldía que se basa en dos informes jurídicos -de un despacho de abogados y del secretario- en los que se concluye que los pagos que esta empresa reclama no corresponden al Consistorio, aunque presentara facturas.

En cuanto al delito de "falsedad documental" que se atribuye al secretario por realizar en abril de 2013 un informe, según la denuncia, "contradictorio" con otro de marzo de 2008 y en el que el empresario entendió que el Ayuntamiento le reconocía una deuda por casi 200.000 euros, el auto concluye que no es así, ya que en el primer informe sólo se advierte que no hay consignación para el pago y que, en todo caso, los trabajos no se habían tramitado conforme a las leyes del sector público. Otro informe determinó que debían remitirse a la junta de compensación. El auto apunta además que el asunto debía haberse dirimido por lo Contencioso-administrativo.

Tampoco se aprecia falsedad en un escrito del presidente de la junta de compensación presentado al Ayuntamiento dentro del expediente de compensación que pidió Curba. Según el auto, "no niega que la junta adeudase cantidad alguna a Curba sino que afirma que las cantidades adeudadas por ésta son mayores y niega que concurrieran los presupuestos legales de compensación". La junta interpuso a su vez en 2012 una querella por supuesta falsedad documental y estafa contra la empresa.

En el juzgado de Coria también se sigue la causa posterior por la supuesta desaparición de dinero, en el año 2015. En ese caso, también están como investigados los ex alcaldes Carlos Ufano (PSOE), y José Carlos López (IU), representantes del Ayuntamiento en las dos últimas juntas de delegados de la urbanización, cuyos integrantes que tendrán que pasar al completo por el Juzgado para intentar esclarecer los hechos.