DERBI Betis y Sevilla ya velan armas para el derbi

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Los ayuntamientos metropolitanos exigen el fin de la huelga de Casal

  • Los ediles de Movilidad estudian la posibilidad de poner nuevas lanzaderas para paliar los efectos del conflicto · Reclaman el cumplimiento de los servicios mínimos

Los ayuntamientos metropolitanos afectados por la huelga en la empresa de autobuses Casal -Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Dos Hermanas, Carmona, El Viso, La Rinconada, Mairena del Alcor y Santiponce- se han unido para exigir una mayor implicación del Consorcio de Transportes de Sevilla, que integra a una treintena de municipios, en un conflicto que está causando esperas de más de dos horas para coger un autobús en localidades en las que, según apuntaron ayer a través de un comunicado conjunto, "el transporte público se convierte en una herramienta básica para el día a día". Estos ayuntamientos exigen a la dirección y al sindicato convocante, la Agrupación Sindical de Conductores (ASC), "altura de miras" para "desbloquear" el punto muerto en el que se encuentra la situación y apuntan que si ésta no se resuelve se verán obligados a "tomar otra serie de medidas de forma conjunta".

Después de casi cinco días de huelga indefinida y sin visos de un desenlace, los concejales de Transporte y Movilidad de las localidades citadas firmaron el comunicado tras mantener una reunión en La Rinconada. En declaraciones a Europa Press, el representante de Dos Hermanas, José Román (PSOE), fue más allá y aseguró que hablaron abiertamente de la posibilidad de contratar lanzaderas que palíen la falta de autobuses, como su gobierno ya está haciendo entre Montequinto y la Universidad Pablo de Olavide, para completar el trayecto de la línea 36 de Tussam.

Otras fuentes apuntaron que ésta es sólo una posibilidad y muy compleja, porque no es lo mismo contratar un autobús dentro del mismo término municipal que hacerlo entre dos distintos, y que podría chocar con el derecho a la huelga, con lo que sólo se plantearía como última salida.

Con la cita, los ayuntamientos quisieron mostrar su unidad y forzar a la resolución del conflicto. Entre otras cosas, exigen un cumplimiento "riguroso" de los servicios mínimos, que están fijados en el 60% en las horas punta y en el 30% en el resto de rutas urbanas y metropolitanas. Para las otras conexiones se establece un 30%. No obstante, estos servicios mínimos se han incumplido en algunos momentos, como el viernes pasado cuando después de que varios vehículos fueran atacados con piedras el servicio se suspendió al completo.

Los municipios de la provincia de Sevilla que están afectados suman una población de 240.000 personas y contabilizan 13.500 viajes de media por día laborable. Los concejales de Movilidad solicitarán una reunión "urgente" con el Consorcio de Transportes del Área de Sevilla para que "adopte medidas", aunque reconocieron la labor de mediación que está haciendo la Delegación Provincial de Empleo de la Junta que dirige Antonio Rivas.

Mientras tanto, la negociación entre la dirección de la compañía de transporte, que explota también algunas rutas de Tussam, y el sindicato ASC sigue rota y ambos se acusan mutuamente de "coaccionar a los trabajadores". El director gerente de Casal, Luis Martín, cifró ayer en un 90% el seguimiento del paro técnico indefinido que arrancó el pasado 15 de mayo y destacó que no se produjeron sabotajes o ataques a la flota de autobuses, aunque un trabajador que había decidido no secundar la huelga se encontró con los neumáticos de su vehículo particular "rajados".

Hechos como éste, según consideró, demuestran el clima de "coacciones e intimidación" que acompaña a la huelga convocada por ASC en solitario en demanda de mejoras salariales y laborales. El Ejecutivo estimó que, en estos momentos, no existen las "condiciones" necesarias para que se produzca un acercamiento entre la directiva de la empresa y ASC. "Los trabajadores están amenazados a través de llamadas a móviles", dijo, e insistió en la "mucha intimidación" que sufre la plantilla. En ese sentido, se comprometió a sentarse a "negociar" con ASC "en el mismo momento" que el sindicato desconvoque el paro.

Pero los sindicalistas emitieron ayer otro comunicado acusando a la directiva de "acosar" telefónicamente a los trabajadores con "amenazas de despidos, sobre todo al personal de nueva contratación". IASC acusó también a la dirección de Casal de intentar "enmascarar" servicios ordinarios como servicios mínimos para incrementar la actividad.

En cuanto al sabotaje del pasado viernes a diez vehículos de la flota, el comité de huelga de Casal volvió a desvincularse de los hechos "condenando y reprobando" el ataque.

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