El plazo para que las empresas presenten ofertas para demoler el edificio de la que iba a ser la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán ya está en marcha. El concurso aprobado en el Pleno del Ayuntamiento el día 1 de junio se publicó el pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con lo que desde ayer las empresas tienen 20 días hábiles para presentar sus proyectos y hacerse con el contrato.

El importe de salida es de 161.944,32 euros, a lo que hay que añadir el IVA, en un procedimiento abierto y cuyo "único criterio de adjudicación" será el "precio más bajo", la "oferta económicamente más ventajosa", según se recoge en el texto, con el objetivo de que suponga el menor coste para el Consistorio, que arrastra importantes deudas. En el anuncio se fija además un plazo de tres meses, "sin posibilidad de prórroga" para la duración del contrato. El pliego y el proyecto de demolición han estado en exposición pública sin recibir alegaciones y los costes previstos se han incluido, mediante una modificación, en el presupuesto municipal de 2016, que está porrogado.

Se da así un nuevo paso para cumplir con la última sentencia, ya firme, del Tribunal Supremo, que en el año 2014 confirmó la ilegalidad de la modificación de la calificación del terreno que realizó el Ayuntamiento con el visto bueno posterior de la Junta, una vez que las obras estaban en marcha y los vecinos habían advertido que se trataba de una zona verde en la que no estaba permitido un edificio de esas características. Incluso habían acudido al Defensor del Pueblo Andaluz. El Supremo confirmaba otra sentencia de 2012 del TSJA. Desde entonces, varias veces se ha instado al Ayuntamiento a dar pasos firmes para restablecer la legalidad urbanística.

El edificio, que está terminado del todo, aunque no llegó a equiparse, se construyó con fondos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de crear un consorcio escuela, en este caso, enfocado a la hostelería, en el que iban a participar además el propio Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y la Mancomunidad para el Fomento y Desarrollo del Aljarafe, que asumió la gestión de las obras en su día por una encomienda.

El alcalde, Tasio Oliver (IU), que asumió el cargo hace un año con el apoyo en la investidura de Vecinos por Guzmán y el PP, ha insistido que pedirá de nuevo a la Administración andaluza que asuma total o parcialmente los costes, ya que los vecinos denunciaron su resolución (en la que se avalaba los cambios de uso del terreno) y fue la que recurrió en solitario ante el Supremo el primer fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.