Los niveles de contaminación del río Guadaíra se alejan paulatinamente de los alarmantes datos que presentaba en ejercicios anteriores y que le habían otorgado el título de río más contaminado de Andalucía. Después de un endurecimiento de las medidas coercitivas por parte de la Administración contra empresarios y Ayuntamiento para acabar con los vertidos ilegales, algunos de los parámetros que miden la contaminación de un río se redujeron a finales de 2007 a los niveles que exige el Plan Hidrológico de la Cuenca. El último paso para que el Guadaíra recupere una situación de normalidad ecológica es el anuncio realizado ayer por la Consejería de Medio Ambiente sobre la puesta en marcha de la depuradora de Morón de la Frontera, sin uso desde el año 2004 a causa de estos mismos vertidos industriales ilegales.

En los últimos meses, la situación de la contaminación en el río Guadaíra ha mejorado al mismo ritmo que han aumentado las sanciones y expedientes contra empresarios y Ayuntamiento, lo que ha permitido, por ejemplo, que los niveles de contaminación del río se hayan reducido hasta en un 65 por ciento respecto a los que mostraba el río en el año 2004, cuando se estropeó la depuradora de Morón, según explicó ayer a este periódico el director de la Agencia Andaluza del Agua, Hermelindo Castro. Esta reducción de los elementos contaminantes se reflejó más claramente en el segundo semestre de 2007, cuando los niveles de conductividad -el parámetro que se utiliza habitualmente para medir la contaminación de un río- alcanzaron los registros que el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir determina como "normales".

Como último elemento aportado en la estrategia para solventar el problema del Guadaíra, la Junta de Andalucía anunció ayer la puesta en marcha de la depuradora de Morón de la Frontera, tras una inversión de más de 3 millones de euros y después de estar fuera de servicio en los últimos cuatro años "debido a la falta de compromiso tanto del Ayuntamiento como de los empresarios para evitar más vertidos industriales como los que la estropearon en 2004", explicó Hermelindo Castro.

Además de volver a funcionar con normalidad, la estación depuradora incorpora un nuevo elemento de protección frente a la posibilidad de que se produzcan nuevos vertidos. La Agencia Andaluza del Agua ha construido una balsa anexa hacia la que serán derivadas estas aguas contaminadas antes de que lleguen a la depuradora y, por tanto, vuelvan a dejarla fuera de servicio. En total, la Junta se ha gastado más de siete millones de euros en esta infraestructura: los 4,3 millones de la primera intervención y los 3 millones que ha costado el arreglo.

Hermelindo Castro destaca, en la nueva situación, el cambio de actitud tanto del Ayuntamiento como de los empresarios. "El Ayuntamiento tenía antes una actitud que no entendía. No colaboraba nada y ahora parece que ha pasado a una segunda fase en la que está siendo muy importante". Sobre los empresarios, por su parte, opina que "tuvieron muchos problemas para encontrar una localización para la balsa que necesitaban y ahora saben que si no colaboran tendrán rápidamente un expediente sancionador".

Aunque tampoco lanza las campanas al vuelo: "No hay que bajar la guardia. Lo más importante de hoy no es la puesta en marcha de la depuradora, sino todos los mecanismos que se han establecido para acabar con los vertidos ilegales".