Sólo las policías locales de cuatro ayuntamientos sevillanos (la capital, Alcalá de Guadaíra, Écija y Bormujos) disponían hasta ahora de aparatos capaces de detectar con una sencilla prueba que un conductor ha consumido drogas. Los dispositivos se repartieron hace apenas un año, en junio de 2013, dentro de un programa piloto que la Fiscalía de Seguridad Vial ha puesto en marcha en la provincia, para extenderlo luego al resto de Andalucía y a España. Pero los resultados han sido reveladores del problema que representan los consumidores de estupefacientes al volante: sólo en esos municipios y sin contar las pruebas que realizan Policía Nacional o Guardia Civil, se han detectado más de 250 casos. Las pruebas se hacen cuando, en un control ordinario de alcoholemia, los agentes creen que los síntomas del conductor no se corresponden con el nivel de alcohol que arroja, algo que pasa en uno o dos casos de cada diez, según el fiscal de Seguridad Vial de Sevilla, Luis Carlos Rodríguez León. Los estupefacientes detectados son derivados del hachís, cocaína y anfetaminas, sobre todo.

Hasta ahora, el grueso de los casos, unos 200, ha derivado en una sanción administrativa (siempre que se detecta la droga hay multa), unos 55 están pendientes de valoración y dos han llegado al juzgado por la vía penal. Esto ocurre cuando ese consumo se traduce además en una conducción que pone en peligro la seguridad propia y la de los demás. Uno de los casos terminó con condena, el otro en un fallo absolutorio porque, según el fiscal, no se pudo demostrar en el juicio que la conducción negligente fuera fruto del consumo. En ambos casos, los denunciados fueron varones jóvenes que dieron positivo en controles realizados a media mañana y media tarde.

Rodríguez León aportó estos datos este miércoles, cuando asistió como testigo a la firma de un convenio entre 32 ayuntamientos y la Diputación de Sevilla por la que ésta dotará de otros 16 aparatos de este tipo que, de momento, compartirán municipios cercanos. El coste es de 40.000 euros y se ampliará en breve. En todos los casos, los agentes que se encargarán han tenido que recibir un curso de formación, porque se requiere una titulación específica para realizar la prueba.

En ésta, la Policía toma una muestra de saliva de la boca del conductor del que sospechan que puede haber consumido drogas y la introducen en el aparato -conocido como cocachip- que en un periodo corto confirma o no que la persona ha consumido y agrupa el estupefaciente en cinco o seis grandes grupos. Aunque la sustancia específica y la cantidad se determina con un análisis posterior: se recoge una segunda muestra del conductor que se remite al Instituto Nacional de Toxicología.

El fiscal recordó que este programa se ha puesto en marcha después de que estudios realizados en EEUU y Europa hayan concluido el incremento "alarmante" de las personas que se ponen a un volante después de haber consumido drogas, cuando los casos en los que ocurre con el alcohol están cayendo en picado, bien porque los conductores se hayan concienciado o bien porque quieran evitar la multa, la pérdida de puntos o una pena de prisión. Es el efecto que se persigue ahora con las drogas, que ponen en peligro al resto de conductores y a los peatones.