Si hay una función de la Diputación de Sevilla que se ha consolidado en estos años ha sido la de auxilio financiero a los ayuntamientos, su papel de banco bueno. Se trata de los préstamos a devolver sin intereses que facilita con unos fondos que, por la Ley de Estabilidad y el techo de gasto, no podrían emplear de otra forma. Desde 2011, con el denominado Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) se han repartido 160 millones, incluyendo los 43,6 que desde hoy están disponibles en las cuentas de 61 municipios que los han pedido. Son 76 solicitudes aprobadas. Como novedad y salvo en un caso, se ha aprobado la cantidad máxima solicitada, gracias a la disponibilidad de fondos. Con todo, el dinero repartido es sólo el 62% del total para 2016. Otros 26,4 irán a una segunda convocatoria, cuyas bases se aprobarán este mes, para que los municipios que se han quedado fuera por incumplir alguno de los requisitos tengan más tiempo de subsanarlos. Tendrán preferencia, pero la convocatoria será abierta a todos "con capacidad financiera" para poder devolverlos.

Estos FEAR surgieron para ayudar a pagar nóminas atrasadas al personal municipal cuando la drástica caída de ingresos dejó sin margen de maniobra. Esta línea para "solventar problemas puntuales de liquidez" acapara aún el 24% de los FEAR: 10,7 millones de euros, que también sirven en algunos casos para ponerse al día con proveedores. No obstante, ya no es la cantidad más importante ni la que más crece. La Diputación ha ido incorporando otras líneas de crédito y a la cabeza se han situado ya los 18,6 millones que se inyectarán a los ayuntamientos para refinanciar deudas, contraídas fundamentalmente con los bancos.

Es la que ha registrado además un mayor aumento del número de solicitudes. Los municipios que reciben dinero por esta línea lo destinan a pagar de golpe los créditos bancarios. El dinero se tiene que devolver luego a la Diputación, pero evitan los intereses, aunque les siga contabilizando como "deuda viva". A este tipo de operaciones van el 42,6% de los fondos, incluidas también refinanciación de deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Aunque tiene menos peso, éste último aspecto es básico: evita embargos y retenciones de ingresos y el veto para que los ayuntamientos puedan acceder a otras subvenciones públicas.

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, pone el acento en que estas peticiones de ayuda, reflejan la "necesidad imperiosa" de que el Estado realice una revisión "justa" de la financiación de las entidades locales, que les permita prestar "y generar servicios públicos de calidad con el respaldo suficiente, sin ahogos, y poder atender todas las demandas de los ciudadanos".