El titular del juzgado de lo Social 11 de Sevilla ha anulado los despidos de cuatro trabajadores del Ayuntamiento de Olivares, que se produjeron después de que el PSOE ganara las elecciones municipales en mayo y relevara al PP. El juez ha remitido su sentencia al Juzgado de Guardia "a fin de depurar eventuales responsabilidades penales" del alcalde, Isidoro Ramos (PSOE), y a la Inspección de Trabajo, a efectos administrativos.

El magistrado considera que estas "deplorables prácticas políticas", según las define en la sentencia, difundida por Efe, recuerdan a las "cesantías" del siglo XIX, en la época de la Restauración, cuando "los funcionarios nombrados por el Gobierno de la mayoría liberal derrotada cesaban en sus puestos para ser sustituidos por otros seleccionados por los conservadores vencedores o viceversa". Y añade, "Por desgracia, a la vista de la frecuencia con que últimamente se examinan asuntos de esta naturaleza" en los juzgados de lo Social, "parece que la figura recobra nueva vida y cada vez se ve más extendida en el ámbito local".

El alcalde dijo ayer que no tenía constancia aún del fallo, aunque aclaró que estos trabajadores no fueron despedidos, sino que sus contratos eran temporales y finalizaron. El gobierno local optó por dar cabida a otras personas de la bolsa de trabajo, a fin de favorecer la rotación y repercusión social de estos trabajos municipales, en tanto se hacen efectivas la Oferta Pública de Empleo que se aprobó a finales de 2007 y otra que saldrá este año. El edil, que es a su vez un veterano funcionario municipal, señaló no obstante que los trabajadores están en su derecho de ir a los tribunales y que los servicios jurídicos del Consistorio estudiarán si recurren el fallo.

Los cuatro peones, que hacían trabajos de jardinería, carpintería y limpieza, fueron relevados en septiembre de 2007, poco después de que Ramos ganara las elecciones frente a la anterior alcaldesa, Victoria Fraile (PP). La sentencia considera demostrado que además de estos cuatro peones fueron despedidos "medio centenar de operarios contratados por el anterior equipo de Gobierno" y "sustituidos por nuevas contrataciones".

Los demandantes, defendidos por el letrado Salvador Delis, han logrado así que se declare la improcedencia de su despido, por lo que el Ayuntamiento debe readmitirlos o indemnizarlos en cantidades que oscilan entre los 4.629 euros y los 6.743 euros, según su antigüedad entre enero de 2004 y julio de 2005. El juez cree demostrado el fraude en los despidos, pues la actividad que desarrollaban era "propia y continuada" en la corporación. Asegura que "dado el carácter masivo" de los despidos del nuevo equipo, "y a falta de explicación alternativa", solo se puede adivinar "una intencionalidad espuria" en los mismos.