Provincia

Cuatro detenidos y dos investigados por la muerte de un azor en Cazalla de la Sierra

  • Publicaron en WhatsApp fotos con el ave rapaz protegida como trofeo.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas y también investiga a otras dos, todos ellos con funciones de custodia del medio natural, por la muerte de un ejemplar de azor en una finca de Cazalla de la Sierra, cuya foto se publicó en WhatsApp.

Tras las detenciones, el juzgado de Cazalla abrió diligencias y citó este martes a declarar al presunto autor de la muerte del azor, que es una especie protegida y fue abatida el pasado 2 de febrero, aunque se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, han informado fuentes judiciales.

La Guardia Civil, que acusa a los implicados de un delito contra el medioambiente, conoció lo ocurrido después de una "entrevista a título informativo" con un celador forestal del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla que había parado en una gasolinera de Almadén de la Plata, según el atestado policial.

En la conversación, el celador dijo a los agentes de la Guardia Civil que en el pueblo se comentaba que alguien había matado a un ave rapaz durante una jornada de caza de perdiz con reclamo, y les dijo que llamara a un compañero suyo, agente de Medio Ambiente, porque tenía más información.

Las investigaciones posteriores permitieron determinar quién mató al azor, que resultó ser J.C.F., quien ante la Guardia Civil se derrumbó y confesó que había matado al ave para defender a la perdiz de su jaula, tras lo cual la enterró por si tenía un microchip.

Tras esa detención, los agentes detuvieron luego a G.M.M., agente de Medio Ambiente de 52 años, por un delito de encubrimiento ya que, según el atestado, conocía la muerte del azor y no lo denunció.

Por el mismo motivo, la Guardia Civil detuvo después a D.M.D. y a F.F.E., ambos encargados de ejercer funciones públicas para la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Los agentes explican en el atestado que durante la instrucción "no queda claro" la forma de actuar de los implicados, con unas declaraciones en las que se desprende "que hubiese un interés común en faltar la verdad".

La Guardia Civil señala que este hecho tiene "mayor gravedad si cabe por ser todos ellos servidores públicos" que ejercen "labores técnicas y administrativas custodiando el patrimonio natural, medio ambiental y la caza en su trabajo diario, demostrando una clara deslealtad manifiesta hacia la administración pública".

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