Juana Caballero (IU), que asumió la Alcaldía de Palomares el 8 de febrero tras prosperar la moción de censura que lideró contra el PP, asegura que la deuda del Consistorio con la Seguridad Social llega a los 1,3 millones de euros. En dos años y medio de mandato, se han pagado las nóminas, no los seguros sociales, incluida la parte que se descuenta al trabajador. Se suman otros 600.000 euros por el IRPF, que hacen que el Consistorio tenga retenida la totalidad de los ingresos que le corresponderían al mes del Estado y no pueda recibir subvenciones, como las de los programas de Diputación.

Según Caballero, la cantidad es mayor de la que esperaban encontrarse, casi el doble, y descarta que por ahora puedan afrontar algún tipo de acuerdo para saldarla. Tendrían que abonar 250.000 euros de entrada, una cantidad de la que no disponen. El nuevo equipo sí que está pagando la parte de la Seguridad Social en las nóminas que ha abonado hasta ahora.

Según Caballero, que gobierna con el apoyo del único edil de la Unión Independiente de Palomares (UIPR), porque el PSOE apoyó la moción pero ha decidido quedarse fuera, esas circunstancias le han obligado ya a tomar una decisión "dolorosa": no se han renovado los contratos a siete personas que trabajaban para los servicios de la Ley de Dependencia. La labor que venían realizando se cubrirá con personal del servicio de ayuda a domicilio municipal. Aunque en éste ha habido que dejar fuera a algunas personas para asumir a los usuarios dependientes, que antes cubrían esos otros auxiliares.

Esa deuda con el Estado, se suma a la bancaria, 3,2 millones, que se refinanciaron a quince años -evitando el colapso del Consistorio, pero hipotecando su futuro- poco antes de ese cambio de gobierno. Pese a las circunstancias adversas, Caballero cree que podrá poner en marcha algunos de los proyectos que puso sobre la mesa y con los que justificó la necesidad de esta moción de censura, en un Ayuntamiento en el que el PP se impuso por primera vez en 2011, aunque sin mayoría absoluta, y uno de los más endeudados de la provincia que, pese a ello, no se acogió al rescate estatal.

Así, anunció que cuando el día 31 de mayo venzan los convenios que el anterior gobierno firmó con sendas asociaciones sin ánimo de lucro para que gestionaran la piscina cubierta y los deportes municipales -el Ayuntamiento se sigue haciendo cargo del mantenimiento, aunque no percibe nada de lo que recaudan las entidades-, los asumirá directamente.

La edil admite que el Consistorio, por ley, no puede contratar a personal para cubrirlos, pero confía en poder hacerlo a través de una empresa externa, con las tasas que ingresen. También se han iniciado contactos con la Delegación de Educación para recuperar el convenio de la guardería municipal que se cerró. La Junta estudia si, dadas las circunstancias, se podría retomar el acuerdo que ya existía para subvencionar plazas, aunque no se están firmando para centros nuevos. Para eludir la imposibilidad de recibir subvenciones, ha contactado con la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe y confía en que, a través de ella, se puedan recuperar los programas de Juventud y Cultura de la Diputación.