El ovillo en el que se enredó la gestión de algunos ayuntamientos durante los años de bonanza está casi desenredado en la propia Administración local, pero no del todo en lo que afecta a las sociedades municipales, fundamentalmente a aquellas en las que no se ha podido afrontar una liquidación ordenada y están en concurso de acreedores. Sin tener en cuenta el caso de Gesalquivir -dependía de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir- son 13 en Sevilla, de 11 municipios, y que, según datos recopilados por este diario, en el momento en el que admitieron sus quiebras sumaban deudas que superaban grosso modo los 161 millones, que están por pagar en su mayoría. Aunque había algunos casos previos (en Villanueva del Río y Minas hay una sociedad en quiebra desde 2004 y en El Pedroso y Burguillos estalló en 2009), la mayoría de los concursos se presentaron tras las elecciones de 2011, cuando estos entes que engordaron sobre todo con los ingresos por el urbanismo y las subvenciones empezaron a acumular nóminas impagadas y embargos de Hacienda y Seguridad Social. El declarar la situación de insolvencia en el juzgado es una obligación legal y hace que dejen de correr intereses y recargos.

No tomar la decisión puede ser una de las razones que lleva a los administradores concursales a calificar el concurso como culpable, con lo que sus gestores podrían verse obligados a responder con su patrimonio. Esta circunstancia también puede darse cuando quede patente que hay una mala gestión manifiesta o irregularidades, que deriven en proceso penal. Por el momento, dos concursos se han calificado como culpables (Villanueva del Río y Minas y Utrera) aunque puede que no sean los únicos. Los expertos dan por hecho que igual que durante años la tendencia fue crear estas sociedades -para huir del derecho administrativo, laboral y presupuestario; para "agilizar" la gestión, se resumía- y luego vino la ola de realismo, las condenas, más o menos gravosas, de carácter penal o civil llegarán. De las trece empresas que hay en concurso, sólo una, la Empresa Municipal de Urbanismo (EMU) de Écija se salvará, por ahora, de la liquidación y seguirá funcionando. El resto está abocado al cierre si no se está liquidando ya. Ello ha ocurrido a pesar de que algunas de estas empresas tenían un patrimonio inmobiliario importante, como ocurre en Guillena, Utrera, Coria o Camas. Pero es difícil vender ahora o sólo se logra por un precio alejado de su valor contable.

Los ayuntamientos que tienen alguna empresa en concurso de acreedores son Villanueva del Río y Minas, El Pedroso, Utrera, Guillena, Los Palacios, Écija, Camas y -con un ente diferente, el colegio mayor Maese Rodrigo que gestionaba una fundación- Mairena del Aljarafe. También Coria y Écija, con dos en cada caso. Ninguno se ha resuelto del todo y se estima que determinados de ellos, como los de Villanueva del Río y Minas, El Pedroso o Burguillos, aún tardarán bastante. La situación de los juzgados de lo Mercantil es conocida y no es fácil vender ahora terrenos o inmuebles. A ello se une el que es un proceso complejo. Los plazos que cada administrador concursal se marca, se incumplen casi siempre. Además, hay gobiernos locales que intentan dilatarlos para evitar que la deuda que se ha generado y no se cubra con la venta de los activos de la sociedad termine en el ayuntamiento. En otros casos, como en El Pedroso, el proceso ha quedado paralizado porque se mezcla con causas penales.

Villanueva del Río y Minas. Deuda: 5.200.000 euros. La quiebra de la sociedad municipal San Fernando se declaró en 2004, cuando acumulaba un déficit de 5,2 millones. Fue después de que sus responsables se gastaran cuatro en la compra de acciones de Sierracork, una empresa dedicada a la transformación del corcho, cuando ésta ya estaba, a su vez, en quiebra técnica. Aunque después se cuestionó la decisión de irse al juzgado, la quiebra de la empresa municipal que nació para gestionar todo el suelo del municipio que tenía la antigua mina y propiciar un desarrollo que sacara a Villanueva de la parálisis en la que está desde los años 70 no se ha resuelto once años después. La quiebra ha sido declarada "culpable", aunque no se han dilucidado quién o quiénes debe responder por la misma. El alcalde actual, Francisco Barrera, dice que pedirá amparo al Consejo General del Poder Judicial para que un proceso que -insiste- ha estado plagado de supuestas irregularidades y que está perjudicando a los intereses del municipio se resuelva de una vez.

Burguillos. Deuda: 50.000.000 euros. El concurso de acreedores del conglomerado de empresas de Burguillos Natural es de 2009 y lo solicitó un afectado por los impagos. Por su cuantía es el más grave de la provincia y puede que esté también entre los mayores del país: hay por dilucidar unos 50 millones de deuda. Sólo se han liquidado 1,5 millones que se debían al personal y otros 400.000 euros con acuerdos con algunos empresarios. La Seguridad Social y Hacienda también ha recuperado parte de lo suyo, con embargos a los gestores del ente.

Algunos pequeños empresarios ya se han retirado del concurso. A estas alturas, les es más costoso mantener su personación que lo que cobren. Porque la cosa va para largo: el Ayuntamiento y los administradores concursales se tienen interpuestos varios recursos, por desacuerdos, que afectan por ejemplo al destino de patrimonio municipal suelo que se cedió a Burguillos Natural, y que el Ayuntamiento ha logrado recuperar en parte, sacarlo de los "activos" para pagar la deuda. El regidor, Domingo Delgado, deja clara, además, su postura: las decisiones que se tomaron en Burguillos Natural y que generaron esa deuda se hicieron sin el aval legal, sin pasar por el Pleno del Ayuntamiento, sin el visado de los técnicos. "El Ayuntamiento no es el alcalde", dice, refiriéndose a las decisiones del regidor de entonces.

Considera que quedará claro que la quiebra ha sido culpable y que se tendrá que reclamar a los responsables de la sociedad. Anuncia que recurrirá hasta las últimas instancias para que no se "levante el velo" y la deuda no termine recayendo en el Ayuntamiento, de 6.000 vecinos. En mitad, están los empresarios y sus facturas.

El Pedroso. Deuda: 2.400.00 euros. El Ayuntamiento de El Pedroso solicitó el concurso de acreedores para la Sociedad de Desarrollo de El Pedroso (Soldelp), cuando el PA se hizo con la Alcaldía, en 2009. A la vez, se inició un proceso penal sobre la gestión en la sociedad, al que quedó supeditado. Por el mismo están imputados María del Carmen Hernández, ex edil socialista y consejera delegada de Soldelp, y Rafael Rosendo, también denunciado por el caso de los ERE y alcalde y presidente en los años en los que se generaron en Soldep, entre otras deudas, más de 650.000 euros por la construcción de VPO en la barriada de El Carmen; otros 605.000 euros, con una empresa de servicios; 126.000 con una entidad bancaria que financió la construcción de dos naves, el único patrimonio que tiene la sociedad, y Soldelp recibió más de 900.000 euros del llamado fondo de reptiles. Seis años después, está previsto que en breve se abra juicio por la causa penal que afecta a la sociedad.

Coria del Río. Deuda: 7.300.000 euros. Más recientemente, en noviembre del año 2013, entraron formalmente en concurso de acreedores dos de las tres empresas municipales de Coria del Río: la de vivienda, Coria Futura, con más de 6,5 millones de deuda, y Sodecor, de desarrollo, con un pasivo 735.000. En el caso de Coria Futura, el Ayuntamiento ya ha asumido el pago de casi 4,5 millones de euros de la deuda con el plan de proveedores, porque, entre otras cosas, había subvenciones que se traspasaron para que se construyera un instituto, por encomienda, y no se pagó al constructor, pero el avalista es el Consistorio. Ha ocurrido con otros pagos avalados por el Consistorio. A finales de febrero se ha confirmado la liquidación total, es decir, la venta o subasta de todo su patrimonio, de Coria Futura y se está pendiente de qué pasa con Sodecor.

Guillena. Deuda: 26.800.000 euros. En julio de 2012, y tras intentarse varias subastas de su importante patrimonio inmobiliario -durante años actuó como una promotora, reinvirtiendo en nuevos terrenos y en construcciones los ingresos que iba generando- Diprasa (Desarrollo y Promoción) de Guillena se fue al concurso de acreedores. La crisis paró las ventas de unos activos tasados entonces en 28 millones de euros y la deuda hipotecaria comenzó a generar intereses por impago. Cuando se fue al concurso la deuda era de 26,8 millones. El concurso ya está calificado como no culpable o fortuito.

Ya en el proceso de liquidación, el Ayuntamiento ha tenido que pagar casi 400.000 euros para adquirir de Diprasa una bolsa de 26 VPO de alquiler, el suelo sobre el que se alza la ampliación del ayuntamiento, una nave en el polígono El Cerro y un solar en Las Pajanosas. Un banco, el que financió sun construcción, se ha quedado con el hotel de tres estrellas, completamente terminado que no llegó a abrir y que también promovió Diprasa. Algunos otros particulares han adquirido fincas. Lo que quede saldrá ahora a la venta, por el 80% de su valor, o irá la subasta después. No hay fecha para pasar página del todo.

Utrera. Deuda: 7.500.000 euros. En Utrera, el concurso de acreedores de la sociedad de Promoción y Desarrollo (Produsa) se solicitó en abril de 2012. Fue tarde, a tenor de las conclusiones del administrador concursal, que en su informe calificó de "culpable" esta quiebra. Sobre todo, porque se tenían que haber tomado medidas antes. Aunque inicialmente ello sirvió a la Fiscalía para elevar denuncia contra diez personas que habían pasado por los dos últimos consejos de administración, incluido el alcalde y presidente, Francisco Jiménez, que recurrió, fuentes consultadas apuntan a que sólo se mantiene el proceso contra los dos consejeros delegados, entre ellos, el que solicitó el concurso y que podría salir también.

En el proceso de liquidación para hacer frente a unas deudas de 7,5 millones de euros (la mayoría hipotecarias, 5,5 millones), el administrador ha vendido terrenos para VPO en Vistalegre, varias parcelas en un polígono industrial, locales en el barrio de La Mulata y varias tierras y una nave en pedanías, además del mobiliario de la empresa. Con ello se ha ido pagando al personal, a la Seguridad Social y a Hacienda (que ya había embargado algunos de esos mismos bienes). No se han vendido varias promociones de VPO. Después de un intento del Ayuntamiento por adquirirlas a la mitad de su precio pero pagando en tres años, los bancos que las financiaron se quedarán con ellas, aunque el Consistorio pretende después firmar algún tipo de convenio para gestionarlas con sus inquilinos.

Écija. Deuda: 27.000.000 euros. El caso de la Empresa Municipal de Urbanismo (EMU) de Écija es el único de Sevilla y uno de los pocos del país, según le consta al delegado de Hacienda, Rafael Serrano, en el que la sociedad no va a la liquidación tras el concurso de acreedores, que se declaró en 2013. Está previsto que en breve se celebre el primer consejo de administración ya sin el administrador concursal. Ello ha sido posible porque el principal acreedor de esta empresa, que llegó a tener a más de cien trabajadores, era la Seguridad Social, con la que se ha firmado un convenio para que pueda cobrar íntegramente lo que se le dejó de pagar desde antes de 2006, sin el recargo habitual del 20% y sin los intereses. Se pagará en 14 años, tras los que la intención del actual gobierno municipal, del PP, es liquidarla también. Todavía queda por negociar un convenio con el ICO, con el que no se espera que haya problemas. La empresa tenía un pasivo de alrededor de 24 millones de euros.

Este concurso está pendiente de calificación pero, aunque el gobierno considera que ha habido muchas irregularidades en estos años, el hecho de que finalmente se vaya a poder responder por las deudas puede exonerar de que se exija responsabilidad patrimonial a alguien. Sí que irá a liquidación (se acaba de presentar el plan, a un año vista) la Sociedad de Desarrollo (Sedesa) que fue al concurso de acreedores con tres millones de deuda. Su activo inmobiliario es de seis, pero son viviendas sociales con inquilinos, que previsiblemente se las quedará el Instituto de Crédito Oficial. También está pendiente de calificación y el Consistorio barajó denunciar en su día, con lo que no descarta ahora que el juez busque responsables por lo ocurrido. En estos años se han cerrado, ya sin concurso de acreedores, otras cinco sociedades municipales.

Camas. Deuda: 10.200.000 euros. El concurso de acreedores de la Sociedad de Desarrollo de Camas (Sodecsa) se declaró a principios de 2014, después de que la crisis hiciera que 62 de los 87 pisos de la última promoción de vivienda pública que sacó no se vendieran. Parte de la deuda, unos 700.000 euros son con familias, que reservaron uno de esos pisos y que luego no obtuvieron financiación o se echaron atrás. Al banco que financió los pisos en la antigua travesía de la N-630 se le deben 9,5 millones de euros. Se acaba de aprobar su liquidación y está pendiente de calificación.

Los Palacios. Deuda: 23.000.000 euros. En febrero de 2012 se acordó presentar el concurso de acreedores en Iniciativas de Desarrollo de Los Palacios (Idelpa), con una deuda de 23 millones de euros. A la vez, se acordó elevar los resultados de una auditoria que se había encargado a la Fiscalía. No obstante, varios aspectos de la gestión de esta sociedad municipal ya eran objeto de una investigación judicial con el ex alcalde Antonio Maestre, y los consejeros delegados Rosario Gavira y Miguel Troncoso como imputados. Acaba de aprobarse el plan de liquidación y se está pendiente de la calificación.

Palomares del Río. Deuda: 2.800.000 euros. Mucho más rápido va el concurso de acreedores de la Empresa de Desarrollo de Palomares del Río (Emdespal), que el gobierno local del PP presentó antes de ser apartado en  una moción de censura, apenas arrancado 2012. Había 2,8 millones de deuda y dos cocheras como patrimonio, que el administrador concursal va a vender para cobrar su parte. Según la nueva alcaldesa, Juana Caballero (IU), que gobierna en coalición con el mismo partido que en su día impulsó esta sociedad, ya se ha liquidado la deuda con los trabajadores, que tienen sentencias además que condenan al Ayuntamiento. Éste tiene embargados los ingresos del Estado por otras deudas, una situación que se prolongará para que Hacienda y la Seguridad Social se cobre más adelante las Emdespal. Por otro lado, La Caixa, el principal acreedor, tiene embargado unos importantes terrenos, en una zona protegida a la trasera del Consistorio, aunque es difícil que pueda venderlos: es patrimonio municipal de suelo y necesitaría de la aprobación de un plan urbanístico, que no está en agenda.  

Mairena del Aljarafe. Deuda: 581.000 euros. Más recientemente, el pasado mes de febrero, el nuevo director del colegio Mayor Maese Rodrigo, entidad en la que participaba la Universidad de Sevilla con el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, también pidió el concurso de acreedores para este centro, con una deuda de más de 581.000 euros