La cúpula directiva de Cobre las Cruces declara hoy en el juzgado

  • La empresa minera está acusada de llevar a cabo perforaciones ilegales en el acuífero Niebla-Posadas y de causar desequilibrios en el sistema de drenaje

Los directivos de la empresa minera Cobre las Cruces compadecerán hoy martes en el juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla en respuesta a la querella promovida por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico por supuestos delitos medioambientales después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) descrubiera en 2008 unas 20 perforaciones no autorizadas en el acuífero Niebla-Posadas, además de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección.

La cúpula de la empresa, filial de la multinacional canadiense Inmet Mining y que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa, ubicada en los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras, será llamada hoy a declarar según ha ordenado la juez Ana Escribano. Los imputados, el ya ex director general de la compañía, Françoise Fleury, y el director de Minas, William Thomas Williams, están citados a las 10:00 y a las 11:00, mientras que mañana miércoles, será el turno del director de Gestión de Aguas, Juan Carlos Baquero, y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen.

La querella de la Fiscalía, que se remonta al otoño de 2008, parte a raíz de los expedientes sancionadores incoados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contra Cobre las Crucespor la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos sin permiso y el vertido arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico. De hecho, tales prácticas provocaron que la CHG tuviera que suspender la concesión administrativa otorgada a la empresa minera para el aprovechamiento del acuífero a través de un sistema de drenaje y reinyección de agua.

Los hechos podrían constituir un posible "delito continuado de años", conforme a los artículos 263 y 264. 1.4 del Código Penal, así como un delito contra el medio ambiente en función de los artículos 325 y 326, en sus aparatados A y B, del mismo cuerpo legal.

Según las consideraciones del Ministerio Público, el incumplimiento de los términos de la concesión administrativa habría desencadenado una serie de episodios de "contaminación metálica" y "contaminación por oxidación de las aguas drenadas" en dicho acuífero, que además sufrió la detracción "neta" de 75.000 metros cúbicos como resultado de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección.

Una inspección llevada a cabo por los técnicos de la CHG en el año 2007, y en la que se fundamenta la Fiscalía, mostró la presencia de "diversas sustancias contaminantes, fundamentalmente arsénico" con valores muy superiores a los marcados por el Real Decreto que establece la calidad del agua para el consumo humano. Asimismo, la Fiscalía también alude a un "incumplimiento de la obligación de reintegrar al acuífero de los caudales extraídos", extremo que motivó la suspensión del sistema de drenaje y reinyección.

Este año, la Agencia Andaluza del Agua ha incoado un nuevo expediente sancionador por la detracción de 800.000 metros cúbicos de agua del acuífero.

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