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La juez eleva al Supremo la causa por las contrataciones "irregulares"

  • La Fiscalía apreció indicios de prevaricación en la creación de un "entramado empresarial" para adjudicarse contratos "a sabiendas de que se iba a prescindir del procedimiento legal"

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, durante un acto.

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, durante un acto. / juan carlos vázquez

La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada en relación con los supuestos contratos "irregulares" del Ayuntamiento de Tomares con la empresa Guerra XXI, después de que la Fiscalía solicitara en julio pasado la remisión de la investigación al Alto Tribunal ante los "indicios" contra el alcalde, José Luis Sanz (PP), que goza de la condición de aforado por ser senador. En una providencia que tiene fecha del pasado 9 de noviembre, la instructora señala que "visto el informe que fue evacuado por el Ministerio Fiscal, procede elevar la exposición razonada requerida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con testimonio íntegro de la causa".

El informe de la Fiscalía al que alude la juez está firmado por la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y el fiscal José María Cañal, y en el mismo se describen una serie de hechos que el Ministerio Público considera que pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa.

La Fiscalía constata un "fraccionamiento fraudulento" de los contratos municipalesEl Ayuntamiento está "convencido" de que el Supremo archivará esta investigación

En concreto, la Fiscalía apunta que "no resulta aventurado afirmar que algunos de los investigados crearon un entramado empresarial que mantuvieron en el tiempo al menos desde el año 2007 hasta 2014, para resultar únicos adjudicatarios de determinados contratos de servicios del Ayuntamiento de Tomares, contando para ello con la colaboración de personas pertenecientes al Ayuntamiento de Tomares, a sabiendas por todos ellos de que en tal adjudicación de los contratos (o en algún caso de los servicios sin existencia de contrato) se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (o a desvirtuar en algún caso fingiendo una concurrencia puramente virtual)".

El Ministerio Público analizó en ese informe la competencia para investigar la causa, "teniendo en cuenta para esto que hay un investigado que es aforado", y añadía que en el caso actual en varios de los investigados concurre la condición de "autoridad o funcionario".

Para la Fiscalía, en este caso no se trata de una "necesidad acuciante por concluir una serie de obras ya iniciadas o prestar ciertos suministros de urgencia, indispensables para la comunidad, por ejemplo, sino con una serie de contratos que carecen de tal signo", y añade que las adjudicaciones a empresas vinculadas o del mismo grupo permitieron que éstas lograran los contratos "sin tener que someterse a la concurrencia con otras empresas, evitando toda concurrencia competitiva que podría haber beneficiado a la Administración".

En algunos casos, prosigue el fiscal, existió un "fraccionamiento fraudulento, o concurrencia simulada para conseguir el contrato sin posibilidad alguna de contrastar que su oferta fuera la más favorable para los intereses generales". Las resoluciones o contratos, "cuando los hubo", eran objetivamente "contrarios a derecho, sobre todo por eludir groseramente todo procedimiento legal realizando adjudicaciones directas donde la ley no lo permite, aunque también por fraccionar contratos por importes inferiores pretendiendo evitar el procedimiento adecuado en función de la cuantía originaria, vulnerando la ley de contratos del Estado, o incluso fingiendo una concurrencia que no es tal, con contratistas del grupo o entramado empresarial, donde el arbitrariamente elegido aparentaba condiciones más beneficiosas para la Administración, y así se aseguraba la adjudicación".

Tras la decisión de la juez de elevar la causa al Alto Tribunal, el Ayuntamiento de Tomares se mostró ayer "convencido" de que el Alto Tribunal archivará esta investigación, y recuerda que en 2015 el Supremo ya archivó las actuaciones respecto al alcalde, José Luis Sanz, al no apreciar delito alguno en la conducta del regidor en relación con los pagos al ex edil Juan Campos por el caso de los informes de una frase.

Dice el Consistorio que esta nueva investigación "es una pieza muy similar a la que ya fue archivada por el Alto Tribunal, que dejó claro que la actuación del alcalde de Tomares fue correcta y ajustada a la legalidad".

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