José María Sayago, el empresario de la Sierra Norte de Sevilla imputado en el caso de los ERE, dijo a la juez instructora, Mercedes Alaya, que pidió "legítimamente" las ayudas para invertir en un "territorio yermo en cuanto a empresas". Sayago se acogió el pasado 29 de abril a su derecho a no declarar pero su abogado Juan Carlos Alférez, en un escrito, pidió que "no se malinterprete su silencio" y anunció que es posible que más adelante pida comparecer voluntariamente "cuando tenga plenamente conformada su estrategia defensiva".

Sayago y su socio José Enrique Rosendo fueron adjudicatarios de 34 millones de euros de la Junta para sus empresas y, según su escrito, fueron ayudas pedidas "legítimamente" y para las que presentó "un completo proyecto del grupo empresarial diversificado".

En respuesta a la imputación de haber creado numerosas empresas con el único fin de recibir subvenciones, Sayago afirma que "cada una de las sociedades tenía un concreto sentido y finalidad" y que "era necesario contar con un nutrido número de personas jurídicas que diesen sentido a un ambicioso proyecto empresarial".

Hay que enmarcar dicho grupo en un contexto de "nula existencia de empresarios decididos a establecerse en un territorio yermo en lo que a empresas concernía, como el de la Sierra Norte", según el escrito. Las subvenciones "fueron legítimamente solicitadas", Sayago actuó "en la perfecta creencia de que eran válidas".