El accidente de Ortega Cano

La familia de Carlos Parra reclama una indemnización de medio millón

  • Los abogados de la acusación particular elevan la compensación económica que pidió el fiscal al incluir el daño moral y el lucro cesante por el salario del fallecido.

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Medio millón de euros. Ésta es la cantidad en la que los abogados de la familia de Carlos Parra Castillo, el vecino de Castilblanco de los Arroyos que falleció en el accidente de tráfico del pasado 28 de mayo ha solicitado como indemnización al torero José Ortega Cano, que está imputado por su presunta responsabilidad en el siniestro.

Los abogados Luis y Andrés Avelino Romero Santos, que representan los intereses de la viuda, los dos hijos, un hermano y la madre de Carlos Parra, reclaman en el escrito de acusación que han presentado en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla el pago de una indemnización de 500.000 euros, una responsabilidad civil que multiplica hasta por tres veces los 169.619 euros que ha pedido la Fiscalía de Sevilla, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

En esa cifra se incluyen unos 60.000 euros en concepto de daño moral para el hermano del fallecido, y más de 430.000 euros para el resto de sus familiares. Los abogados, que en un principio no quisieron revelar el importe de la indemnización reclamada -únicamente se limitaron a afirmar que era mucho mayor que la solicitada por la Fiscalía-, elevan la indemnización al incluir el daño moral causado a la viuda y a los dos hijos, así como a la madre de Carlos Parra, y también el concepto de lucro cesante, por el salario que el fallecido habría cobrado hasta la fecha de su jubilación.

La acusación pública que ejerce la Fiscalía de Sevilla estableció la indemnización que deben percibir los familiares de la víctima en función del baremo establecido en la Ley del Seguro, que es el que se aplica en los supuestos de accidentes de tráfico. De los 169.619,1 euros que pidió el Ministerio Público, la familia ha percibido ya al menos un primer pago de 84.809,55 correspondiente a la mitad de esa indemnización y que fue abonada por la compañía aseguradora Línea Directa, que tenía asegurado el Mercedes R-320 propiedad del torero. La otra mitad debe ser abonada por la compañía Mutua Madrileña Automovilística, que también tenía una póliza para este vehículo, por lo que ambas aseguradoras deben hacer frente al pago del 50% cada una de la posible responsabilidad civil que se declare en este caso.

La Fiscalía también solicitó una indemnización para la viuda de otros 5.640 euros por los daños causados en el turismo de Carlos Parra, que quedó destrozado tras la colisión con el coche del torero.

Tanto el Ministerio Público como la acusación particular que ejercen los familiares del fallecido han solicitado una condena de cuatro años de prisión para Ortega Cano, al que atribuyen hasta tres delitos: uno de homicidio por imprudencia y otros dos contra la seguridad vial, por conducir de forma temeraria y hacerlo con una tasa de alcohol en sangre de 1,26 gramos por litro, casi el triple de la permitida.

La acusación pública considera en su escrito de conclusiones provisionales elevado al juzgado de Instrucción número 9 que el matador circulaba aquella noche "en condiciones no apropiadas" para la conducción, debido a la "previa ingestión excesiva de bebida alcohólica que le mermaban los reflejos necesarios para esta actividad, haciendo que su conducción fuera irregular, realizando maniobras arriesgadas para él mismo y los demás usuarios de la vía".

La validez o no de la prueba de alcoholemia practicada a Ortega Cano es la clave del proceso y lo que puede determinar que el torero acabe en prisión o no. La defensa del diestro impugnará esta prueba alegando fallos en la custodia de la muestra, que no fue remitida a Toxicología por orden del juzgado hasta 13 días después del siniestro.

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