La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una pena de un año de prisión y ocho de inhabilitación para el alcalde de Lora de Estepa, Salvador Guerrero (PSOE), así como otro año de cárcel para un constructor al que el regidor autorizó supuestamente varias edificaciones en suelo no urbanizable. Tanto Guerrero como el empresario, J. M. D. G., titular de la compañía Construcciones Metalúrgicas, están acusados de sendos delitos contra la ordenación del territorio.

El escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Efe, relata que el constructor adquirió la parcela en suelo no urbanizable el 13 de abril de 2005 e inició la construcción de dos naves industriales, una vivienda y una piscina sin contar con permisos, puesto que sólo había pedido licencia para cercar la finca, de 8.000 metros cuadrados. El propio alcalde, según el escrito de acusación, inspeccionó personalmente la finca y le dirigió un escrito al empresario el 12 de agosto de 2005 comunicándole que las obras "eran contrarias al carácter rústico del suelo". El empresario solicitó permisos ante el Ayuntamiento ese mismo mes, en esta ocasión para "dos naves de aperos y un pajar, un aljibe y un depósito de agua", pero el Consistorio le ordenó la suspensión de las obras y la restitución de la legalidad anterior e incluso el regidor, según relata el fiscal, se personó el 1 de septiembre ante la Guardia Civil informándole de estas obras que no eran "autorizables ni lo serían de futuro". No obstante, un mes después, el 30 de septiembre de 2005, el alcalde dio finalmente autorización al constructor para "continuar las obras de tres naves destinadas a pajar, una vivienda rural y un almacén de aperos, así como a la construcción de un aljibe". El procedimiento penal por este caso comenzó en noviembre de 2005 y el juzgado ordenó la suspensión de las obras.