Dos personas resultaron heridas ayer en Alcalá de Guadaíra al intentar impedir que la Policía ejecutara una orden de desalojo en la barriada de Rabesa. Los agentes cargaron contra una multitud de vecinos que se opuso lanzando piedras a la salida de una familia que lleva viviendo cuatro años en un piso social de la Junta de forma ilegal. La comisión judicial ha dado de plazo hasta el lunes para que la familia recoja sus enseres y abandone la vivienda, situada en el Bajo B del bloque 2D de la calle Pintor Juan Valdés Leal.

En el piso desalojado residían hasta este momento tres personas: Elizabeth del Valle Miranda, de 21 años, y sus dos hijas de 4 y 2. Su marido, Juan Manuel Moreno Campos, se encuentra en prisión y vive en el piso los fines de semana, ya que tiene concedido el tercer grado. La pareja ocupó la vivienda hace cuatro años, después de pasar otros 24 meses viviendo en un coche.

El piso forma parte de un conjunto de viviendas sociales de la Junta y es propiedad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Estaba vacío cuando fue ocupado por la pareja. La persona a la que le concedieron la vivienda la vendió y el comprador se desinteresó de ella tras sufrir un robo. El piso quedó vació y fue utilizado por drogadictos. Una vecina que tenía las llaves avisó a Elizabeth del Valle y Juan Manuel Moreno para que se refugiaran allí. "Los vecinos nos ayudaron a limpiar la casa, a quitar todas las jeringuillas que había. No partimos la puerta para entrar ni hemos dado un problema desde entonces", relató ayer la joven a este periódico.

Los vecinos se resistieron ayer al desalojo arrojando piedras a los agentes de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta. Los policías respondieron cargando contra la multitud mientras una familiar de la joven desalojada intentaba romper las persianas de una de las ventanas, como se aprecia en las imágenes de Antena 3 que acompañan a estas líneas. Algunos de los residentes apedrearon a la Policía y destrozaron las lunas de los vehículos.

Elizabeth del Valle trabaja en el Ayuntamiento de Alcalá pero su contrato expira el próximo 30 de diciembre. Según ella, el Consistorio se ha comprometido a realojarla durante dos meses en un piso de alquiler.