La juez investigará al Ayuntamiento por el accidente de la barredora

  • Cree que puede haber un delito contra los derechos de los trabajadores

La juez de Osuna que investiga el accidente de una máquina barredora, que el pasado 28 de octubre atropelló mortalmente a Manuel Galván García, que transitaba por una acera frente a la Administración de Hacienda, investigará un posible delito contra los derechos de los trabajadores por parte del Ayuntamiento, por cuanto la máquina accidentada presentaba graves defectos y era manejada por personal no apto.

La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna ha admitido el recurso presentado por la acusación que ejercen los familiares de la víctima y la propia defensa del conductor investigado, y ha decidido que se practiquen una serie de diligencias para aclarar si hubo un delito contra los derechos de los trabajadores, tal y como también ha solicitado la Fiscalía.

La instructora argumenta que una vez estudiadas con "detenimiento" las actuaciones y los recursos presentados, los hechos podrían presentar el carácter de un delito contra el derecho de los trabajadores. Para empezar, la juez insiste en que la conducta del conductor de la barredora "no es merecedora de ningún reproche (y menos aún de reproche penal), y que los hechos, en cuanto hechos de la circulación, son atípicos, con independencia de la responsabilidad de otro tipo que pudiera depurarse en cuanto a las indemnizaciones a que tengan derecho los perjudicados". Pero para la juez constituye una cuestión distinta que "no se haya facilitado a los trabajadores del Ayuntamiento de Osuna los equipos y los medios necesarios para desempeñar sus tareas en condiciones de seguridad para su vida e integridad física, verificándose un resultado de lesiones", para lo cual deberán practicarse una serie de diligencias "persiguiendo la responsabilidad de personas distintas al ahora investigado", precisa la juez.

El abogado Manuel Salinero, que ejerce la acusación particular en representación de los familiares de la víctima, mostró ayer su satisfacción por la decisión de la magistrada y apuntó que, a partir de este momento, puede producirse la imputación de "algún responsable político" del Ayuntamiento ursaonés. El letrado recordó que el Consistorio va a destinar este año 100.000 euros en la partida de "maquinaria, instalaciones, utillaje y reposición" después de que se hayan producido dos accidentes con estos vehículos municipales.

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