El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha acordado la apertura de juicio oral por un delito de asesinato contra las hermanas Elena y Rosa N. S. y el novio de ésta última, Francisco Javier M. R., quienes se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 25 años de prisión por el crimen de Anabel Deza Vázquez, la joven que fue hallada muerta el 19 de abril de 2016 en su domicilio de La Rinconada, tras haber sido golpeada y apuñalada en 61 años ocasiones.

En el auto, el magistrado considera que los hechos atribuidos a los tres acusados pueden ser tipificados como un delito de asesinato “por la concurrencia de alevosía y ensañamiento, tal como sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación obrante en autos, así como las acusaciones particulares”, siendo el órgano competente para su enjuiciamiento el tribunal del jurado.  Asimismo, el juez entiende que “no concurre en la presente causa ninguno de los supuestos de sobreseimiento previstos” en los artículos 637 y 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “por lo que no pueden aceptarse las pretensiones deducida en tal sentido por las defensas” de los tres procesados.  Para el instructor, “existen serios indicios de la participación de los sujetos investigados en la causación de la muerte violenta” de Anabel Daza, quien “recibió de sus agresores, en primer lugar, golpes en la cabeza y en los miembros superiores hasta caer al suelo para, a continuación, ser golpeada reiteradamente en el cráneo con un objeto contundente y apuñalada de forma repetida en la espalda y en el cuello; produciéndose así el acometimiento por varios atacantes, la imposibilidad de defensa de la víctima y el sufrimiento que habría de padecer ésta a consecuencia de las múltiples heridas generadas (habiéndose contabilizado hasta 61 heridas por arma blanca)”. Según el auto de apertura de juicio oral, los tres acusados “habrían acabado así con la vida” de la mujer con la que mantenían “desavenencias familiares desde largo tiempo; generadas fundamentalmente por la falta de aceptación” de que su familiar, de raza gitana, se “uniera sentimentalmente a una paya que además tenía dos hijos de relaciones anteriores, y por la educación y custodia de su hija”. Los acusados atacaron a la joven “de manera sorpresiva y encontrándose ésta en una clara situación de desproporción de fuerzas respecto de sus agresores, quienes no le dieron posibilidad ni oportunidad alguna de defenderse; asegurando así la muerte” de la víctima, “sin riesgo para sus personas y sabedores del grave martirio a la que la estaban sometiendo para lograr el propósito final de acabar con su vida”.

Recoge el juez que diversos testigos relataron cómo aquélla mañana se personaron los tres investigados en el domicilio de la víctima, “pudiéndose escuchar gritos desde el interior del domicilio -“socorro, socorro, que me matan, ayudadme, que me matan”-, y que inmediatamente se dejaron de oír más gritos, saliendo a continuación de la casa de la víctima -tras cerrarla con llave y comprobar que no les hubiera visto nadie en el lugar-“ los tres acusados, quienes huyeron del domicilio en un vehículo Peugeot color blanco pequeño de cinco puertas, del que sería usuario el acusado Francisco Javier.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama que los tres acusados indemnicen con 613.600 euros por los “daños morales” causados a los cuatro hijos menores de edad de Anabel Deza, a razón de 153.400 euros por cada hijo, y con 15.400 euros a cada una de las dos hermanas de la fallecida.

"Una brutal, despiadada y repetida paliza"

El escrito de conclusiones provisionales redactado por el fiscal del caso, Gabriel González, concluye que los acusados sometieron a la joven, que era madre de cuatro hijos, a una “brutal, despiadada y repetida paliza” que le ocasionó “evidentes e injustificados padecimientos” que el fiscal llega a definir como un “grave martirio”.

La Fiscalía acusa a los tres sospechosos, que continúan en prisión provisional por estos hechos, de un delito de asesinato en el que concurren las circunstancias de alevosía y ensañamiento, por cuanto dieron muerte a Anabel Daza “de manera sorpresiva y encontrándose ésta en una clara situación de desproporción de fuerzas respecto de sus agresores, sin darle oportunidad de defensa eficaz, asegurando su muerte sin riesgo para sus personas y sabedores del grave martirio al que la estaban sometiendo para lograr el propósito final de acabar con su vida”.

El relato del Ministerio Público recoge que sobre las nueve y media de la mañana del 19 de abril de 2016, los tres acusados se dirigieron al domicilio de Anabel Deza en la calle Gerardo Diego número 5 de la localidad de La Rinconada, donde la joven les dejó entrar a pesar de las “desavenencias familiares” que mantenían.Una vez en el interior, prosigue el fiscal, los tres acusados se “abalanzaron repetidamente” sobre Anabel, propinándole una “brutal paliza, golpeándole violentamente en los miembros superiores y en la cabeza hasta que cayó al suelo, momento en el que fue golpeada reiteradamente” con un objeto contundente, y “apuñalada en la espalda y cuello de forma repetida hasta que al cuchillo se le rompió la hoja tras asestar hasta 61 cuchilladas, lo que le causó un sufrimiento desmesurado hasta lograr su objetivo que no era otro que causarle la muerte”. Anabel murió a causa de un traumatismo craneoencefálico severo con lesión de centros nerviosos vitales y

por una hemorragia masiva por heridas de arma blanca en hermitórax izquierdo y cuello.A continuación, los acusados abandonaron el lugar del crimen un turismo, un Peugeot 206 que solía utilizar uno de los acusados, Francisco Javier M. R., añade el Ministerio Público.

La Fiscalía considera que los tres acusados son coautores del delito de asesinato, en el que aprecia además la circunstancia agravante de abuso de confianza, y por el que reclama una condena de 25 años de prisión para cada uno de ellos.

En febrero de 2017, los tres acusados comparecieron en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que ha investigado el caso, donde se declararon “inocentes” de todos los cargos. El instructor del caso, el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, puso de manifiesto en un auto que no alberga “duda alguna” sobre la identificación de las dos cuñadas realizada por los testigos protegidos de este caso, uno de los cuales llegó a afirmar que conoce “personalmente” y vio “salir del domicilio a las dos cuñadas de Anabel, identificándolas perfectamente y distinguiendo con detalle, quién portaba un bolso y quién cerraba la puerta de la casa”, de ahí que el instructor no tuviese dudas sobre la identificación de estas dos investigadas.