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Sin luz al final del túnel

  • La única trabajadora del Consorcio de la Vía Verde lleva dos años sin cobrar.

  • Las deudas imposibilitan la liquidación del ente, anunciada en 2013.

Entrada a uno de los 30 túneles de la Vía Verde, en torno a la que se creó el Consorcio en el año 1998.

Entrada a uno de los 30 túneles de la Vía Verde, en torno a la que se creó el Consorcio en el año 1998. / Ramón Aguilar

Fundado a finales de los años 90 con el objetivo de impulsar el desarrollo de los pueblos de la zona, el Consorcio de la Vía Verde anunciaba su cierre en enero de 2013. Pero casi cuatro años más tarde, el proceso de liquidación aún no ha podido llevarse a cabo como consecuencia de la deuda acumulada, que supera el millón y medio de euros. La decisión del órgano, inactivo desde que las subvenciones escasean, fue mantener a una sola trabajadora para los trámites finales. Isabel María Salas es hoy -junto a la losa del déficit- el único resquicio de vida del consorcio, pero hace dos años que no recibe ni un euro de su salario en el ente, que integran ocho ayuntamientos sevillanos y tres de Cádiz, junto a la Diputación de Sevilla. En total, le deben más de 40.800 euros.

Hace dos meses no sólo le comunicaron su despido, sino, asegura, la imposibilidad de pagarle lo que se le debe. "Me veía litigando la indemnización por despido improcedente, pero en ningún caso que no me pagaran nada de dos años de mi sueldo. Es una situación psicológica y familiar muy dura", explica Salas, interventora y secretaria. Juan Manuel Rodríguez, presidente desde 2011 y alcalde de Morón, asegura que pagar a esta trabajadora es una "prioridad. Estamos obligados moralmente. Le debemos muchísimo, pero estamos muy limitados", reconoce.

Entre las deudas con las que cuenta el consorcio, destaca una póliza de crédito solicitada hace años por la que, tras la demanda del banco en cuestión y en función a la ley de estabilidad presupuestaria, el pago se convierte en prioritario. Entre éste y otros créditos, la agencia tributaria, proveedores y seguridad social, acumula una deuda de 1.526.275 euros. Además, la mayoría de los ayuntamientos integrantes -muchos en una pésima situación financiera y con importantes retrasos también en el pago de nóminas a sus trabajadores- no están al día con sus cuotas desde hace años y suman otros 341.119 euros de impagos.

El tiempo apremia, ya que la deuda va aumentabndo y a nivel jurídico es de naturaleza solidaria, por lo que cada miembro responde a partes iguales. "A nivel de gestión intentaremos negociar alguna de las deudas para poder aminorarlas. Por ejemplo, llegar a un acuerdo extrajudicial para los intereses con el banco", explica Rodríguez, que no ve solución inmediata e insiste en que a medio plazo la única posible es "pagar".

Isabel Salas es el lado más humano del problema. Según la interventora, nadie quiere hacerse cargo de su asunto, estancado en un callejón sin salida: "Soy algo etéreo que no pertenece a nadie. Nadie quiere quemar una bala conmigo". Cuando el ente alcanzó los doce meses de retraso en el pago de su nómina, Isabel inició la vía judicial. Además, tras una sanción al consorcio por el impago, la inspección de trabajo le asegura que el cumplimiento de las retribuciones es inevitable y que, a pesar de las dificultades, cada ayuntamiento debe buscar la fórmula de ponerse al día.

Salas señala al presidente como el mayor culpable del bloqueo. "Él no ha hecho nada durante dos años", dice, en referencia a su problema. "Su Ayuntamiento es el más potente y el que puede hacer algo, pero mi situación no da rédito electoral. Es una vergüenza a nivel político, porque además son ayuntamientos de izquierdas". "El embargo de la entidad financiera acreedora de una póliza de crédito nos limita a que cualquiera de las cantidades que podemos pagar va directamente al banco. El gran problema es la falta de liquidación", defiende Juan Manuel Rodríguez.

Isabel Salas quiere hacer borrón y cuenta nueva. Afrontará la denuncia al consorcio, del cual sigue sin obtener respuesta. "Es un ente que realmente no es de nadie; cada uno tiene sus preocupaciones". Pero se mantiene firme tras sus semanas más críticas: "Me voy al juzgado a luchar". Desde hace dos meses, cuando le comunicaron que estaba despedida y no cobraría nada, no ha recibido la carta de despido ni ningún tipo de notificación. Salas, asfixiada, sólo espera lo más indeseable habitualmente para cualquier trabajador. "Por favor, mándenme la carta de despido; sin ella no puedo hacer nada", reclama.

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