La totalidad de los municipios sevillanos están integrados en alguna mancomunidad (hay 18) y, además, en algún consorcio (22 en total), a los que acuden para prestar servicios a su población. Buena parte de los consistorios participan incluso en más de un ente de este tipo, con una media de casi dos mancomunidades (1,9) y hasta 3,7 consorcios por municipio. A ello se une la proliferación de organismos autonómos y sociedades mercantiles, con los que en el año 2010 contaban más del 60% y del 74%, respectivamente, de los ayuntamientos con más de 10.000 habitantes, en la línea del resto Andalucía.

Son datos recogidos en el informe la Administración Municipal en Andalucía, elaborado la Fundación Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Junta y recopilados a finales de 2010 -ya con la crisis encima, pero en periodo preelectoral aún- presentados hace unos días. La fotografía que arroja el trabajo confirma la proliferación de estructuras vinculadas a la administración local, a las que los alcaldes han ido acudiendo para prestar servicios caros a un menor coste (el caso de mancomunidades y consorcios, generalmente) o para evitar (con organismos autonómos y sociedades) las "rigideces del derecho público" y agilizar determinadas áreas de gestión (vivienda, desarrollo, entre otras).

Es en buena parte de este entramado, en el que el Ejecutivo del PP, acuciado por la necesidad de reducir el déficit de la administración, pretende poner orden ahora, teniendo en cuenta que muchos de estos entes abordan cuestiones que atañen a competencias en las que entran otras administraciones -las delegaciones de la Junta, las diputaciones o la propia administración central-, produciéndose muchas veces un solapamiento.

No obstante, y en lo que respecta a las sociedades municipales, la crisis ya se ha encargado de poner en su sitio algunas de las que operaban en el año 2010. Los concursos de acreedores se han precipitado desde los cambios de gobierno en 2011. Además, los más recientes planes de ajuste a los que se ha obligado a los ayuntamientos que mantenían deudas con sus proveedores conllevan la liquidación de las sociedades que son deficitarias. Es previsible que el número se reduzca de forma sustancialmente este mismo año.

En lo que respecta a mancomunidades y consorcios, uno de los coordinadores de la investigación, el profesor Clemente Navarro, subraya que el trabajo no entra a valorar la eficacia ni la gestión en los mismos. Es conocida la deuda y las condiciones en las que se está intentando liquidar la del Bajo Guadalquivir, que integraba a municipios de Sevilla y Cádiz. Para este experto, lo que queda claro es que el modelo de "cooperación" que suponen y que hace que la práctica totalidad de los municipios de Sevilla esté en uno o en varios consorcios y mancomunidades, responde a una situación de partida. El modelo es "coherente" con una realidad, dice: una fragmentación del territorio (muchos municipios, en definitiva, fruto de una realidad histórica), que los alcaldes han ido superando para afrontar los servicios más costosos (basura, aguas, etcétera) asociándose.

Inicialmente y según se subraya en el estudio, estas mancomunidades y consorcios estaban orientados a la ejecución de servicios básicos, como los citados, aunque se abrieron a "objetivos más amplios", fruto de los nuevos asuntos que han ido entrando en la agenda de los alcaldes (empleo, turismo, inmigración...) y a los que han dado respuesta, en la medida de sus posibilidades o por voluntad política, teniendo en cuenta que la local es la administración más cercana al ciudadano, la primera a la llegan los problemas y a la primera a la que se le exigen soluciones. En la proliferación del consorcios y otras asociaciones han tenido que ver también las políticas de fondos de la UE, que han primado los territorios frente a la localidad y la propia apuesta en este sentido de la Diputación Provincial de Sevilla.

En cualquier caso y de cara a los cambios que se prevén, este experto en administración local aboga por el "distanciamiento", que la crisis no precipite la toma de decisiones y que no se haga sin escuchar a los que trabajan sobre el terreno. Ello, teniendo en cuenta que en el norte de Europa la reorganización de la administración local se abordó hace ya mucho, en algunos casos en los años 70 y 80, con fusiones de municipios incluso, porque se primó la administración sobre la participación y el elemento identitario.

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