Los 12,5 millones de menos que la Diputación de Sevilla recibirá este año de los Presupuestos Generales del Estado -cantidad que no se ha conocido hasta la publicación definitiva de los mismos, el 29 de junio- va a tener un reflejo en la casa y en los programas que el ente tenía previsto desarrollar en los pueblos, según corroboraron ayer el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, y el portavoz del gobierno socialista, Manuel Domínguez. No en vano, la cantidad es más del 3% de todo el presupuesto -289 millones entre la Diputación y sus organismos- y se convertirá en el doble, dijeron, en tanto que, a la altura del año en la que se ha confirmado, el recorte en el presupuesto se tendrá que aplicar en sólo seis meses.

Ello con el hándicap de que, al bajar los ingresos, sube el nivel de endeudamiento de la Diputación, del 75% al 83%, con lo que Villalobos apuntó que se hará inviable el diseño económico-financiero que los técnicos habían hecho ya hasta 2015 y que hubiera permitido "aflojar" a final del mandato para poder realizar algún tipo de plan de inversiones en los pueblos. El dato se confirma además cuando la corporación ya ha puesto en marcha varios planes de emergencia a cuenta del remanente de tesorería de 2011. Según se ha venido apuntando, ese recorte pasará por reducir el consumo interno, los gastos de personal en la Diputación y por ajustar más en las sociedades mercantiles, en que las que se está produciendo una reducción de empleo en algunos casos.

El Gobierno socialista hizo estas consideraciones durante el Pleno de ayer, en el que se dio cuenta del informe del Interventor sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de 2011, que se unió al debate de un punto de urgencia para acogerse a la posibilidad de devolver al Estado en diez años los otros 89 millones de euros que, según ha confirmado también ahora el Ejecutivo del PP, la Diputación debe reintegrar por el dinero que se cobró de más de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), entre 2008 y 2009. Había cinco días para solicitarlo.

Todos los partidos apoyaron la propuesta, pero después de un largo debate en el que el PP se quedó solo al defender la necesidad de cumplir con las leyes y medidas, dada la situación heredada y el contexto económico. También recordó que muchas de ellas -Ley de Estabilidad Presupuestaria, reforma constitucional que exige el equilibrio financiero- se aprobaron con el Gobierno socialista en Madrid. El resto de partidos extendieron el debate a todos los recortes y medidas que está aplicando el Gobierno del PP.

"El margen de maniobra que se le está dejando a los ayuntamientos es el de sobrevivir", dijo Manuel González Lora, diputado de Hacienda. El PA recordó que los vecinos seguirán acudiendo a sus alcaldes y no "a De Guindos" a pedir soluciones y consideró que se está produciendo un desmantelamiento de la autonomía local, del que el siguiente peldaño será la regional. IU subrayó que las leyes sólo se están aplicando con rigurosidad para los eslabones más débiles de la cadena y se refirió, por contra, a banqueros o evasores fiscales.