La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha advertido este martes de la magnitud del problema que representa la prohibición de la pesca del cangrejo rojo y ha estimado los daños en unos nueve millones de euros por temporada, además de un aumento del 10% del consumo del agua.

Además, en una nota, ha llamado la atención sobre las repercusiones que tendrá en los cerca de 250 pescadores que viven de la pesca de este crustáceo y para las 1.800 familias que viven de la actividad agrícola en las Marismas del Guadalquivir, y particularmente de la actividad arrocera, que genera una actividad económica anual de 150 millones de euros.

Para los agricultores del sector arrocero y sus familias, la prohibición de la pesca del cangrejo rojo tendrá "unas consecuencias catastróficas" que empezarán a apreciarse de forma "abrumadora no más comience la temporada de recolección, entre julio y octubre", y los "millones de cangrejos que ahora mismo están hibernando empiecen a horadar caminos, tuberías, canales de riego y todo tipo de infraestructuras de riego y viales". "Las autoridades no pueden imaginarse lo que se nos viene encima, eso sólo lo saben los agricultores que están allí a pie de terreno, y lo que nos cuentan, sin exageración alguna es que nos encontraremos con tal cantidad y de tal tamaño que nuestros caminos agrícolas podrían verse literalmente asfaltados por cangrejos rojos", explica el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, que subraya que "lo más penoso y delicado" de esta prohibición es que se va a romper el equilibrio que tanto ha costado lograr y que hoy es posible por la fuerte actividad comercial que genera el cangrejo rojo.

"Habitualmente hacen falta destinar muchos millones para luchar contra las especies invasoras, en este caso tenemos una actividad natural que palia los efectos negativos de la presencia de una especie en el ecosistema y que, lejos de costar dinero, derrama beneficios económicos y sociales sobre todo el entorno y también de naturaleza medioambiental, pues el cangrejo es comida para la avifauna del entorno del Parque de Doñana, como dicen los científicos e investigadores ", explica el presidente de Feragua, que subraya también el equilibrio ecológico alcanzado en la cadena trófica. "La prohibición de la actividad pesquera romperá este equilibrio, creando un problema de casi imposible solución y que perjudicará enormemente la actividad agrícola de nuestros asociados", destaca el líder de los regantes andaluces.

Por ello, Feragua y las juntas centrales de usuarios de ambas márgenes del sector arrocero exigen soluciones antes del inicio de la temporada de recolección del cangrejo y se suman a la indignación de las familias afectadas por la irresponsable actuación de un colectivo autocalificado de ecologista y que romperá el equilibrio ambiental y agrícola de las marismas del Guadalquivir. "Me gustaría que estos mal llamados ecologistas se vinieran aquí al campo, a partir de julio, y se pusieran ellos a intentar paliar el efecto devastador que estos millones de cangrejos que se van a quedar sin pescar van a causar en infraestructuras de riego y de caminos", explica el presidente de Feragua, que pide a las administraciones que actúen con celeridad y rectifiquen la legislación para tener un ordenamiento que no deje resquicios de la legalidad de la pesca controlada del cangrejo rojo. 

En caso de no autorizarse la pesca del cangrejo rojo, Feragua reclamará a las administraciones indemnizaciones y ayudas para hacer frente a "los enormes problemas y necesidades que surgirán para el mantenimiento de las infraestructuras de riego en las Marismas del Guadalquivir".

Asimismo, la junta general de Feragua, con el apoyo de las juntas centrales de usuarios de la margen izquierda y derecha del sector arrocero, ha acordado trasladar a las administraciones y la opinión pública el "terrible y urgente problema que esta cuestión representará a partir de septiembre" y se plantea realizar diferentes movilizaciones y actuaciones de protesta, en caso de no encontrar "una respuesta rápida y acorde a la dimensión del problema".

Incluso han señalado el riesgo que pueden llegar a representar incluso para la vida humana, pues esta especie descontrolada es capaz de causar grandes zanjas en los caminos, "y ya hemos tenido algún accidente por la zona que casi cuesta la vida a una persona", explica el presidente de Feragua. "Nos vamos a encontrar con un problema ambiental, un problema agrícola y un problema social en un entorno que se verá súbitamente deprimido a causa de esta prohibición", explica Cepeda, que también se refiere al problema colateral sanitario que puede derivarse de una venta ilegal de cangrejo sin controles sanitarios. 

Feragua ha indicado que ya 1980 cuando el cangrejo rojo empezaba a ser una amenaza para el arrozal se estimó en 1.620.000 euros el coste necesario para arreglar las infraestructuras dañadas: banquetas, almorrones, tuberías de desagües, piqueras y caminos. En la actualidad, el coste medio de lucha contra el daño del cangrejo rojo se estima en 80 euros por hectárea que por las 36.000 hectáreas actuales, ascienden a 2.700.000 euros.

Este gasto es el calculado desde la convivencia con la pesca, que controla la propagación de la especie, y es el necesario para las labores de reparación exigidas por la acción del cangrejo rojo: descubrir las galerías, abrirlas y rellenar con árido y compactar con maquinaria en caminos, banquetas de canal y desagües. En el caso de perforación de los almorrones (separadores de tierras entre tablas o parcelas de arroz) la labor de reconstrucción de los mismos, se tiene que hacer a mano.

Esa estimación económica se realiza sobre la base de la actual población de cangrejo rojo. En el caso de que el control de la pesca desapareciera, los daños se pueden multiplicar por 4-6 veces, (300-500 euros por hectárea), poniendo en peligro la viabilidad de todo el sector arrocero Actualmente, en toda la marisma arrocera se pesca sobre siete millones de kilos de cangrejo, que suponen sobre 300 millones de cangrejos. Asimismo hay que considerar que las hembras ponen entre 700 y mil huevos por puesta (una cada año), lo que indica la alta tasa de multiplicación que tiene el cangrejo.  

Además, el sector de empresarios cangrejeros de Isla Mayor (Sevilla), ante la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a Ecologistas en Acción y otros grupos conservacionistas y anula las excepciones que permitían la pesca y comercialización del cangrejo rojo, incluido en el Catálogo de Especias Exóticas Invasoras, ha celebrado una reunión con el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, para analizar "las diferentes estrategias jurídicas" disponibles para intentar "anular" dicha resolución judicial o lograr una solución alternativa.

Valentín Murillo, presidente del sector de empresarios cangrejeros de Isla Mayor, ha informado de que durante esta reunión, Sanz ha trasladado "el apoyo institucional" de la Delegación del Gobierno central al sector económico de la pesca y comercialización del cangrejo. Durante el encuentro, además, ambas partes habrían analizado "las diferentes estrategias jurídicas de actuación" disponibles para "intentar anular la sentencia y si eso no es posible, buscar una solución jurídica que evite la paralización del sector".

Murillo expone que en ambos casos, los pormenores jurídicos de tales opciones "son complejos", por lo que la idea de los cangrejeros es reunirse además con los "asesores jurídicos" de las consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, al objeto de avanzar en la elección de la estrategia concreta a seguir. 

Murillo había detallado ya que el cangrejo rojo fue introducido en España a principio de los años 70, precisamente por el Ministerio de Medio Ambiente de aquella época, para favorecer "el desarrollo de zonas rurales deprimidas económicamente", siempre que la especie encontrase "vacío el nicho ecológico", es decir "que no interfiriese en las especies autóctonas". Y es así como a lo largo de casi 50 años, el cangrejo rojo "se ha naturalizado totalmente en las marismas del Guadalquivir", dado que su población "no afecta a las especies autóctonas". No obstante, en 2011 el Catálogo de Especias Exóticas Invasoras incluyó en su listado al cangrejo rojo, extremo resuelto "mediante un real decreto" acompañado de una disposición adicional específica. Gracias a dichos instrumentos normativos, según Valentín Murillo, se permitió la pesca y comercialización del cangrejo rojo "como recurso zoogenético para la alimentación".

La sentencia del Supremo, merced a las acciones legales de los ecologistas, anula precisamente los mencionados instrumentos normativos que permitían la pesca y venta del cangrejo rojo. Y dado que "el 70% de la población de Isla Mayor depende" de la pesca del cangrejo, esta sentencia constituye todo un "desastre" económico para toda la comarca del Bajo Guadalquivir, puesto que aunque Isla Mayor es "el centro neurálgico de la actividad productiva", hay pescadores y actividad relacionada con el sector en Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, El Cuervo, Utrera, Pilas, Trebujena (Cádiz) y Almonte (Huelva).