Caso Aznalcóllar

La juez suspende por segunda vez la entrega de miles de correos de altos cargos a la UCO

  • La instructora adopta esta decisión por "prudencia" y esperará a la resolución del recurso de apelación ante la Audiencia presentado por la viceconsejera de Empleo.

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha suspendido por segunda vez el volcado y entrega a la Unidad Central Operativa (UCO) de los miles de correos de tres altos cargos y doce funcionarios de la Consejería relacionados con el concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, una decisión que fundamenta en razones de “prudencia” al estar recurrida la entrega de la información ante la Audiencia de Sevilla.

La instructora ha decidido precisamente paralizar el volcado a la espera de la decisión que adopte la Audiencia de Sevilla a raíz del recurso presentado por la viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, María José Asensio, que recurrió la autorización para la entrega de una copia del disco duro de dos terabytes que contienen los mensajes de los altos cargos y pidió la suspensión del volcado al considerar que se trata de una extralimitación de la labor que en su momento se encomendó a la UCO de la Guardia Civil, en una “clara, evidente y flagrante actitud prospectiva” que se corresponde más con una “intención de buscar a ver que delito se puede considerar cometido del examen de los correos electrónicos” y de abrir una “línea de investigación nueva”.

En un nuevo auto, la magistrada acuerda la suspensión de la diligencia prevista para mañana –el volcado de la información y su entrega a la Guardia Civil-, estando a la espera para su práctica “de que se resuelvan los recursos de apelación en trámite, con relación a la diligencia de estudio del contenido de determinados correos electrónicos acordada en las presentes” diligencias, precisa la resolución.

 La instructora explica en la resolución que, “aun partiendo como premisa de la ausencia de efectos suspensivos del recurso de apelación formalizado, que lo es en un solo efecto, debe convenirse que en una situación procesal como la que nos ocupa, ante la petición formulada por una defensa, a la que se adhieren otras dos defensas, a la que no se opone el Ministerio Fiscal y constando sólo la manifestación contraria de la entidad denunciante Emerita, que ejerce la acusación particular en las presentes, resulta la decisión más prudente el acceder a la petición de suspender o posponer la diligencia señalada, hasta tanto se resuelva el recurso pendiente”.

 La juez añade que la suspensión de la práctica de la diligencia de “copiado y análisis, que lo es sólo a efectos de estudio de ciertos correos ya recibidos y, no de intervención de comunicación alguna como se sostiene por las defensas recurrentes, sólo resulta una dilación en cuanto a la práctica de una diligencia cuya finalidad y desarrollo no se ven comprometidos por esta decisión, al constar que los contenidos objeto de estudio se encuentran debidamente almacenados en un disco duro precintado y depositado en este juzgado”.

La magistrada reitera en el auto que tras el volcado de la información del disco duro se iba a entregar a la Guardia Civil para el estudio “única y exclusivamente de aquellos pasajes de los correos que encontrándose directamente relacionados con el objeto de la presente investigación, con exclusión por tanto de cualquier comunicación relativa a la defensa jurídica de los implicados en esta causa, resulten relevantes para el avance y completo esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan y que puedan figurar” en esas cuentas de correo electrónico coporativas.

La entrega a la Guardia Civil de los miles de correos de las 19 cuentas corporativas intervenidas en enero pasado fue recurrida en apelación, además de por la viceconsejera de Empleo, por los letrados de la Junta que representan a tres de los funcionarios investigados, que se adhirieron a la petición de suspensión de la defensa de la viceconsejera, mientras que la Fiscalía no se opuso a que se acuerde la suspensión de la práctica de la diligencia “hasta que adquiera firmeza lo resuelto al no comprometer la realización de la misma en un futuro”. La defensa de Emérita, la empresa perdedora del concurso se opuso, por su parte, a dicha suspensión.

El abogado José María González, que representa a la viceconsejera y ex directora general de Minas había pedido la suspensión del volcado de los datos para  “evitar irreparables perjuicios que la apertura y volcado supondría y en evitación de la vulneración de derechos fundamentales” al haberse solicitado la nulidad del auto que autorizó la intervención de los correos.

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