Un técnico de la Empresa de Gestión Medioambiental de Sevilla (Egmasa) y dos funcionarios de la delegación provincial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta han sido imputados por delitos de vertidos y de establecimientos de productos tóxicos, en relación con la contaminación del arroyo Los Frailes -un afluente del río Guadiamar- en abril de 2010, lo que provocó la mortandad de miles de peces.

Los tres imputados son un director facultativo de Egmasa, un aparejador que responde a las iniciales de J. M. G. F., y los funcionarios de la Consejería de Innovación J. A. V. G. y J. M. R. D., quienes prestaron declaración ayer en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, que investiga los hechos denunciados en su día por la asociación Ecologistas en Acción, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La contaminación se produjo cuando se procedía a aliviar una de las balsas intermedias de la antigua mina de Los Frailes, al objeto de evitar su desbordamiento. Un fallo en un motor impidió la maniobra, por lo que se optó por verter parte del contenido de la balsa al arroyo Los Frailes para que no se inundara una carretera que transita por la zona y pusiera en peligro a los conductores.

El director facultativo de Egmasa ahora imputado aseguró ayer al juez que se informó de la colocación de la tubería para el desembalse a la Consejería de Innovación, pero los dos funcionarios que también han declarado negaron que fuesen informados de este extremo, según confirmaron a este periódico fuentes del caso. Estas tres personas se encuentran en libertad, aunque imputadas por delitos de vertidos y de establecimiento de productos tóxicos.

Como consecuencia de ese vertido, los metales pesados llegaron al arroyo Los Frailes y al río Agrio, ambos afluentes del Guadiamar, lo que provocó la muerte de miles de barbos, carpas y lisas por falta de oxígeno. En total se retiraron 753 kilos de peces muertos en estos cauces.

La mortandad coincidió entonces con el cambio en el color de las aguas, del verde habitual al turquesa, una tonalidad típica de las aguas con una fuerte contaminación metálica, muy similar al color que adquieren las aguas de las cortas mineras abandonadas, según denunció entonces Ecologistas en Acción. La toxicidad de estos vertidos procede del elevado nivel de metales pesados -arsénico, boro, cadmio, plomo, manganeso, hierro y níquel- que aportan al agua, del bajo pH y de la pérdida de oxígeno disuelto al ser consumido por la oxidación de los sulfuros metálicos que arrastran estos lixiviados o residuos líquidos.

La mortandad de peces de 2010 tuvo un precedente en 2004, cuando se produjo un incidente similar, y según los ecologistas estos episodios demuestran lo complicado que es controlar las fuentes de contaminación que deja la actividad minera una vez clausurada, ya que han generado miles de toneladas de residuos altamente contaminantes.