Diputación

Los trámites para pedir la renta mínima obligan a reforzar los servicios sociales

  • Podría haber 14.000 potenciales beneficiarios en Sevilla

  • El Plan de Cohesión Social para 2018, dotado con 60 millones, prevé la contratación de siete trabajadores más para atender la demanda

El presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, y la diputada Lidia Ferreras, presentan el Plan de Cohesión Social 2018. El presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, y la diputada Lidia Ferreras, presentan el Plan de Cohesión Social 2018.

El presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, y la diputada Lidia Ferreras, presentan el Plan de Cohesión Social 2018. / D. S.

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La denominada Renta Mínima de Inserción Social, que la Junta de Andalucía aprobó por decreto el 19 de diciembre y está en vigor desde el 1 de enero, obligará a reforzar los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación. Según la diputada de Cohesión Social, Lidia Ferreras, la avalancha de solicitudes para tramitar el salario social -de entre 419 y 779 euros durante un año para personas en riesgo de exclusión, vinculado a un programa de inserción socio-laboral y compatible con otros ingresos mínimos- ya se está notando. Se estima que sólo en el ámbito en el que la Diputación tiene competencias -88 municipios con menos de 20.000 vecinos y las dos entidades locales autónomas, que suman unos 600.000 habitantes- podría haber hasta 4.500 potenciales beneficiarios, que serían 14.000 en toda Sevilla, con la capital. Aunque la Diputación tiene una buena ratio de personal -un trabajador social por cada 4.000 habitantes- se contratará este año a cuatro trabajadores más, junto a un educador social y dos asesores o agentes más de Igualdad.

Se trata de una de las novedades que se han previsto en el Plan de Cohesión Social de 2018, que se aprobará el próximo jueves en el Pleno y que, como subrayó ayer el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, durante su presentación constituye "un eje" en las políticas del organismo. Está dotado con 60 millones de euros, 900.000 euros más que en 2017. El grueso son transferencias de la Junta (el 49,2%), sobre todo para dependencia; la Diputación (el 40,41%); y los ayuntamientos (9,82%). El Estado aporta poco más de 339.000 euros, el 0,57%.

La Corporación destinará 33 millones a ayuda a domcilio, 10 son de fondos propios

Son esos Servicios Sociales Comunitarios, los "tentáculos que llegan a todos los puntos" a través de 26 zonas de trabajo social y a los que se deriva cualquier problema que se detecta, los que acaparan la mayor parte del presupuesto: 52,3 millones. Son también los que más crecen en la demanda de los ayuntamientos. En 2016, se atendieron en ellos a 136.600 personas en cuestiones como valoración social, infancia, familia, inclusión social o con las contrataciones a personas en riesgo de exclusión del Plan de Urgencia Municipal (5 millones al año) y, sobre todo, con los programas de ayuda a domicilio, para los que este año hay 33 millones: 23 de la Ley de Dependencia y 10 que aporta la Diputación.

El bloque de los Servicios Sociales Especializados (en los que se incluye la atención a mayores y discapacitados) acapara 5,8 millones, con 13.000 usuarios atendidos. El tercer y último bloque, el de la igualdad de género, contará con 1,3 millones e incluye los Puntos de Información a la Mujer. Como novedad, se ha incluido para 2018 una partida de 35.000 euros para subvencionar distintas acciones en materia de igualdad y de integración del colectivo LGTBI, en la línea del Ejecutivo andaluz de Susana Díaz. El carácter de "esternón" que para la Diputación y la provincia tiene este Plan de Cohesión Social se plasma en el volumen de trabajadores que moviliza: más de 3.900 sólo en esos municipios menores de 20.000 habitantes -los que tienen más de esa población convenian directamente con la Junta, aunque también se benefician en otros aspectos-. La mayor parte, 3.487, son auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y 431 son profesionales con otro tipo de cualificación, como psicólogos, educadores sociales, agentes de igualdad o administrativos. A estos contratos directos se suman los que se hacen a personas en riesgo de exclusión a través del Plan de Urgencia Municipal: 4.182.

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