Tres meses después del más grave incendio del verano en Andalucía, que se produjo a finales de agosto en El Castillo de las Guardas y obligó a desalojar incluso a 80 vecinos de dos aldeas, todavía no está cerrada del todo la cuantificación de los daños que provocó en fincas, ganado y enseres de particulares. Según el alcalde del municipio, Gonzalo Domínguez (PSOE), toda la información se trasladó a la Junta, que a su vez contrató a una empresa privada especializada para que elabore el trabajo. De momento, tampoco ha habido noticias sobre la declaración de zona catastrófica que, para facilitar el acceso a ayudas, el Ayuntamiento solicitó formalmente en un acuerdo plenario aprobado el 15 de septiembre. Ésta debe aprobarla el Consejo de Ministros.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio apuntaron, por otra parte, que ya se están redactando los planes de restauración de las fincas forestales que se vieron afectadas por las llamas. Hay distinto grado de afección según la intensidad del fuego que recorrió cada zona y "aún es pronto para valorar cómo van a reaccionar" en cada caso. No obstante, desde Medio Ambiente se subraya que la vegetación mediterránea está "adaptada al fuego", puesto que lo lleva "sufriendo millones de años como un elemento natural más" por lo que se espera que también se produzca una tasa alta de regeneración natural. De las 1.845 hectáreas afectadas por el fuego, 396,60 eran de arbolado, más de 950 de matorral y el resto de pastizal. Los daños son especialmente graves porque acabó con la montanera para este año, con la que se alimenta el ganado porcino del que vive buena parte de la comarca.

A raíz de este grave suceso y el resto de conatos en la zona, desde la Consejería de Medio Ambiente se asegura que se han incrementado las rutas de vigilancia y "disuasión", que también se han establecido nuevos contactos con los cuerpos de seguridad para "compartir información y canalizar investigaciones".

Además, se está asesorando a los ayuntamientos para que redacten su planificación obligatoria ante una emergencia por incendio forestal, como marca la propia legislación, y exijan a su vez planes de autoprotección al resto de propietarios. Además, se está haciendo un "esfuerzo divulgador" en centros escolares y en la ciudadanía.