Ayer domingo de Cuaresma, festividad litúrgica de San José, padre putativo de Jesús Nazareno, a un día de vísperas de la entrada de la Pascua florida, se llevaron a cabo manifestaciones en la Comunidad Autónoma de Cataluña con el lema "Por la libertad, la democracia y la convivencia", el cual podría ser extendible a todo el territorio peninsular e insular que integra actualmente la constitucional, aunque asimétrica e invertebrada, España.

El proceso secesionista está dañando gravemente la convivencia, la democracia y nuestras libertades, las de todos los españoles. Determinados Centros Directivos de la región catalana están desobedeciendo no solo la ley, sino también a los jueces. Pretenden estar por encima de límites y de controles. Con nepotismo declaran que no cumplirán la ley ni se someterán a los tribunales; que impondrán su voluntad sobre Cataluña y los catalanes y derogarán unilateralmente la Constitución para quebrar el Estado de Derecho.

Es hora de decir basta. Los ciudadanos catalanes españoles están siendo muy pacientes permitiendo que quienes no quieren ajustarse a las reglas del juego de la convivencia cívica, amparándose en las propias instituciones democráticas, no solo sustituyan la bandera española por banderas "esteladas", sino que estén realizando malversaciones de recursos para dedicarlos a la ruptura de España y acosando y entorpeciendo a los Tribunales para que dicten livianas resoluciones judiciales, terminando con enfrentar a los catalanes entre sí y con el conjunto de los españoles.

Es hora de poner fin a esto. Es necesario recuperar el Estado de Derecho para Cataluña, no olvidándonos de otros territorios, también la milenaria Andalucía, que aprovechando esta irregular y turbulenta situación pedirán "café para todos". Es preciso que las Administraciones Públicas respeten la legalidad, que asuman los símbolos que son de todos, que no actúen fuera del marco de sus competencias, que cesen en las actividades dirigidas al cisma y que se garanticen los derechos de todos los españoles.

Todos somos responsables en esta tarea de recuperación de la democracia. Exijamos a los gestores políticos que se dejen de ambigüedades en la aplicación de la legalidad, exigiendo a cargos públicos y funcionarios que actúen dentro de sus potestades para evitar las ilegalidades que ya han sido confesadas, incluidas la sistemática corrupción, acudiendo a los tribunales.