-La corrupción política es un fenómeno universal, lo cual nos lleva a una pregunta incómoda: ¿Es el hombre un ser corrupto por naturaleza?

-No sabría decir si el hombre es corrupto por naturaleza o no. Lo que sí se puede afirmar empíricamente es que el poder corrompe. La pregunta sería si este poder corrompe más a determinadas personas y en determinados países.

-Precisamente, con la crisis económica se ha avivado un viejo prejuicio: los países del sur de Europa, morenos y católicos, son más corruptos que los países del norte, rubios y protestantes...

-Es verdad que hay estudios culturalistas que inciden en esta idea. Lo que pasa es que la corrupción es un fenómeno muy complejo, multicausal, y no nos podemos fijar exclusivamente en los factores culturales, aunque tampoco hay que desmerecerlos. La corrupción es, sobre todo, un problema estructural, lo que nos lleva a concluir que lo importante es que existan mecanismos institucionales efectivos y transparentes para impedirla, y no medidas de cara a la galería, como suele pasar.

-¿Quién es más corrupta la derecha o la izquierda?

-Todos los partidos políticos, independientemente de su color, se corrompen cuando llevan mucho tiempo en el poder, porque tiende a producirse una patrimonialización de éste, como se ha visto en el PP de Valencia o en el PSOE andaluz. Sin embargo, es muy complicado saber qué formación es más corrupta, porque la corrupción es un fenómeno de naturaleza opaca y sólo la entrevemos cuando se producen los escándalos.

-¿La corrupción de un partido es directamente proporcional al tiempo que lleva en el poder?

-Yo no lo diría así, pero influye mucho evidentemente.

-La Comisión Europea ha emitido esta pasada semana su primer informe sobre la corrupción, con cifras que son escalofriantes...

-El documento presentado desvela que el 76% de los europeos consideran que hay mucha corrupción, número que se eleva al 95% si hablamos de los españoles. Sin embargo, este estudio se ha hecho no tanto por una preocupación moral y de regeneración democrática, sino porque, según sus datos, el coste económico de la corrupción en la Unión Europea asciende a 120 billones de euros al año.

-Es decir, que la corrupción no es sólo un problema moral, sino también y principalmente un problema económico.

-Esto es lo que verdaderamente le importa a las instituciones europeas. Hay que tener en cuenta que el dinero que se pierde en la corrupción es dinero que no se invierte en cosas más productivas. Me gustaría destacar un aspecto del informe: los datos que maneja están extraídos del Eurobarómetro o del Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco), pero también de los propios estados miembros. En el caso de España se observan errores y da la sensación de que a la persona que se le preguntó quiso dejar a nuestro país en buen lugar. Se hace una valoración positiva de los pasos dados, cuando la realidad es otra.

-¿Algún ejemplo?

-Por ejemplo, en el informe se habla del paquete de medidas aprobado para revitalizar la democracia, algo que no se ha llegado a poner en funcionamiento. El pasado diciembre, Soraya Saénz de Santamaría afirmó que en la reforma del Código Penal que se está elaborando se iba a tipificar el delito de financiación ilegal de los partidos, aspecto que, por ahora, tampoco es cierto. Recuerde que si Bárcenas está en el banquillo es por delito fiscal, no por la financiación ilegal del PP.

-El sociólogo Xavier Coller, sin embargo, insiste en que hay estudios que indican que España es un país menos corrupto de lo que parece.

-Es muy importante definir qué se entiende por corrupción para después cuantificarla. Si nos centramos en una concepción legalista, corrupción es sólo aquello que está tipificado como delito o que va en contra de una norma. Pero la corrupción no es sólo eso y hay que usar una definición más amplia que incluya otros comportamientos que, como la financiación ilegal, no son actualmente delitos. La definición que se usa normalmente por organismos como Transparencia Internacional es que la corrupción es el uso de lo público para beneficio privado. En mis charlas y en mis artículos, a mí me gusta mucho incidir en que la corrupción afecta a la ciudadanía y al sistema democrático, no sólo porque tenga un coste económico o porque vaya en contra de una norma, sino porque excluye al ciudadano de su capacidad y derecho de participar en la vida política. Cuando se producen actos corruptos, las decisiones no se toman pensando en los intereses de los ciudadanos.

-¿Hay, pues, que reformar el Código Penal?

-Sí, no soy penalista, pero insisto en que hay que tipificar el delito de financiación ilegal. También se tendría que legislar la figura del whistleblowing, como recomienda la Comisión Europea.

-¿En qué consiste?

-Digamos que es el que da la voz de alerta, la figura del ciudadano o el funcionario que ve un acto de corrupción y lo pone en conocimiento de los jueces. A cambio, existen toda una serie de recursos para protegerlo de futuras presiones o represalias. Esta figura haría que el ciudadano pudiera estar involucrado de una forma mucho más directa en el control de la corrupción y evitar que caiga en la desconfianza hacia todas las instituciones. Y cuando digo todas es todas, y no sólo las políticas. Antes ha mencionado a Xavier Coller, quien ha denunciado que en la universidad muchos usan los recursos públicos en beneficio personal. Yo no digo que esto sea algo general, pero sí que en la universidad se da toda la tipología de corrupción, como el tráfico de influencias o la distribución arbitraria de recursos que deberían repartirse en régimen competitivo, con mecanismos transparentes y públicos, algo que por desgracia no es así. Yo soy una gran defensora de lo común, pero muchos de los mecanismos de la empresa privada deberían trasladarse a lo público.

-En el fondo, y vuelvo a la primera pregunta, esto se da porque todos tenemos una cierta propensión a la corrupción, a no pagar el IVA, a enchufar a nuestro primo...

-Sí, pero pienso que ese tipo de actitudes, que efectivamente se producen, cambian si se establecen mecanismos de control eficientes y que generen una nueva cultura política. Es lo que pasó con la implantación del carné por puntos. Gracias a este nuevo mecanismo la gente ya no corre tanto y se han evitado muchos accidentes.

-Está claro que para que exista la corrupción hacen falta dos elementos: el poder político y el económico. La fascinación que sienten el uno por el otro es una constante histórica: la amistad de Felipe González con Carlos Slim, de Aznar con Forbes... Sin embargo, se sigue fomentando esta relación y sólo hay que echar un vistazo a la lista de invitados a las recepciones del poder político.

-No es malo que existan relaciones entre los poderes públicos y los económicos, pero deben darse en un marco de transparencia, que los ciudadanos seamos conscientes de qué se habla y qué dinero está juego. En el Reino Unido existe una institución llamada la Electoral Comission mediante la cual puedes acceder a la información sobre qué personas, individuales o jurídicas, han donado cantidades a un partido político determinado. La información se ofrece en un cuadro muy claro en el que se detalla la fecha y la cantidad, por lo que se puede controlar si una determinada decisión política se ha tomado tras una determinada donación económica. En España no tenemos acceso a esa información, ni siquiera aparece en los informes del Tribunal de Cuentas. Es una información opaca tanto para los ciudadanos como para los mecanismos de control. Cuando hice mi tesis dediqué meses a mirar los informes del Tribunal de Cuentas desde el año 87 y a analizar la financiación de los partidos políticos. Aunque en los últimos años la información está expuesta de una manera más clara, antes le puedo asegurar que no... Simplemente aparecían los datos que suministraban los partidos sin que el Tribunal de Cuentas ejerciese ninguna labor fiscalizadora... Era un convidado de piedra.

-Usted ha hecho hincapié en que los problemas de la financiación de los partidos aparecieron debido a la premura con la que tuvieron que montarse las primeras elecciones con la llegada de la Democracia.

-La Transición es el origen del endeudamiento excesivo de los partidos. De la noche a la mañana hubo que montar unas estructuras mínimas para que las distintas formaciones se pudieran presentar a las elecciones y se estableció un sistema por el cual se les repartió un dinero público. Justo antes de las primeras elecciones, en 1977, el entonces presidente de Gobierno, Adolfo Suárez, aprobó por decreto-ley un sistema de financiación pública para gasto electoral de acuerdo con los votos y escaños que cada uno de los partidos obtuviera en tales comicios. Al no lograr los resultados esperados, muchos comenzaron a endeudarse. Este fenómeno fue especialmente llamativo en el PSOE que, por ejemplo, se tuvo que gastar muchísimo dinero en el referéndum de la OTAN. El endeudamiento inicial se podría haber cubierto, pero el problema es que los partidos son estructuras que siempre requieren más dinero, porque mientras más financiación tengan más posibilidades tendrán de vencer electoralmente.

-Todo está vinculado a la lucha por el poder...

-Esta es la clave de todo. Los partidos tienen grandes incentivos para corromperse porque buscan tener más financiación que sus rivales para así poder competir mejor y lograr la victoria.

-¿Y por qué no se ha puesto orden en esta selva?

-La primera ley sobre financiación de partidos es del año 1987 y surgió por el llamado escándalo Flick, aquel por el cual el PSOE de Felipe González había recibido dinero de un consorcio alemán a través del SPD. Aunque no era delito, sin embargo sí había una especie de pacto tácito entre los partidos para no admitir dinero del extranjero, por lo que se creó una comisión de investigación. Durante dicha comisión se puso en evidencia que todos los partidos recibían fondos extranjeros, por lo que se creó una ley que, fundamentalmente, servía para financiarse ordinariamente con fondos públicos.

-¿Fue una buena ley?

-Bueno, aunque se establecieron algunos controles, lo cierto es que quedaron por cubrirse muchas lagunas. Como prueba ahí están los grandes escándalos de corrupción de los años 90, como Filesa, que se creó al día siguiente de que se aprobara la Ley del 87. Es decir, eran conscientes de los agujeros de la ley y los aprovecharon.

-¿Y esta ley no se reformó?

-En los 90 hubo intentos muy serios de reforma, pero los partidos no se pusieron de acuerdo. Ninguno quería renunciar a los ingresos que estaban obteniendo por los coladeros de la ley. Esto se ve muy claro, durante la primera legislatura de Aznar con el tema de las donaciones anónimas. Éstas beneficiaban fundamentalmente a los partidos de derecha, como el PP, el PNV y CiU. El PSOE quería que se prohibieran, pero la derecha no querían renunciar a ellas y obstruyeron el proceso durante mucho tiempo. Con la mayoría absoluta del PP no se retomó el debate.

-¿Y cuando llegó Zapatero?

-En 2007 se aprobó, con el voto en contra del PP, una reforma que favorecía claramente al PSOE, porque limitaba las fuentes de ingresos que más benefician a los partidos de derecha, como son las anónimas. Al final, son los intereses económicos los que priman, pese al discurso que se hace de cara a la galería. Por último, esta ley fue reformada en octubre de 2012 ya con el PP de nuevo en el Gobierno. Amparándose en las medidas de austeridad, se cortó un 20% de la financiación pública de los partidos políticos, lo que es una estrategia muy clara si tenemos en cuenta que el PSOE y los partidos de izquierda dependen mucho más que el PP de este tipo de fondos. Además, se aprovechó para introducir nuevas cláusulas, como aquella propuesta por el PNV según la cual las infracciones cometidas por los partidos y detectadas por el Tribunal de Cuentas prescriben a los cuatro años. Hasta finales de 2013 los informes del Tribunal de Cuentas tardaban en salir cinco años...

-Parece que, en cuestiones de financiación, los partidos no tienen ningún escrúpulo.

-Ninguno, el dinero es lo que les permite ser y estar.