LA FINANCIACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

'Ladrillazo' municipal

  • La crisis de la construcción vacía las arcas de los ayuntamientos, que usan el urbanismo como vía de financiación. Debajo de los ladrillos aparecen alcaldes hartos de ser los ‘hermanos pobres’ en el reparto de los dineros públicos. Expertos apuestan por volver a cobrar el IAE y otros recargos

Carlos Ufano volverá a su puesto de profesor y dejará de cobrar por su dedicación en exclusiva, como alcalde en el Ayuntamiento de Almensilla, en Sevilla. No le queda otra si quiere amortiguar la caída drástica de los presupuestos del municipio y las críticas de la oposición, que denuncia una abusiva subida de los impuestos. No se le ha ocurrido otra solución, tras haber tenido que reducir en un tercio su plantilla.

El edil y sus trabajadores son los primeros paganos de la crisis de la construcción, un auténtico 'ladrillazo' a las corporaciones locales que en los últimos meses han visto cómo se han ido vaciando sus arcas municipales. En Arenas, una localidad malagueña de 1.400 habitantes, no queda ni un céntimo para pagar las nóminas. Este mes ningún trabajador municipal ha cobrado su sueldo y, si no han sido despedidos, es porque son los imprescindibles para abrir y cerrar cada día el Consistorio, según admite la alcaldesa, Basilia Pareja. Ella, como otros alcaldes andaluces, no puede más y va a tener que paralizar algunas inversiones. La razón es de peso: el municipio adeuda a proveedores 70.000 euros, cuando el presupuesto municipal es de 130.000.

Las cuentas no cuadran.  La crisis del ladrillo es la gota que ha colmado un vaso que, desde hace años, estaba a punto de rebosar. El origen está en el actual modelo de financiación de los ayuntamientos. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) reclama una reforma que persigue conseguir una mayor participación de las corporaciones locales en los ingresos del Estado. “Las ciudades necesitamos de una vez por todas resolver esta situación y poner fin a la enorme deuda histórica y afrontar con realismo el reforzamiento de la capacidad de gobierno y de financiación”, argumenta el alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, que defiende un Pacto Local. Nadie discute esa necesidad aunque, mientras el PP apuesta por abordarlo a nivel de Junta y ayuntamietos, el Gobierno autonómico quiere elevar el debate a nivel nacional.

Los  alcaldes quieren cobrar, opinar e intervenir en las inversiones que la Junta vaya a realizar en sus municipios. Así lo reclamó esta semana el presidente de la FAMP, Francisco Toscano, primer edil de Dos Hermanas. Hay más. Los ayuntamientos cubren demandas que no son de su competencia, sino de la Junta de Andalucía, servicios sociales de apoyo a las familias, el deporte o la atención a inmigrantes que sufragan en un 80% en la mayoría de los casos. El alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, asegura que su ayuntamiento gasta unos 150 millones de euros del presupuesto inversor en asumir competencias que no son suyas y su homólogo en Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, también del mismo partido, estima que dedica a estos mismos cometidos al menos 20 millones al año.

Un modelo local que definiera bien las competencias de cada administración acabaría con el problema. “Hace falta una reforma del actual modelo, sin duda, y el primer paso es delimitar las competencias”, asegura José Sánchez Maldonado, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga.

Rosa Aguilar, la alcaldesa de Córdoba de IU, matiza que  no hay que plantear la negociación en clave de confrontación política, pero insiste en que se gasta dinero municipal en cometidos que son de las comunidades autónomas. En este sentido, Jose Antonio Barroso (IU), alcalde de Puerto Real, apuntó incluso la posibilidad de abandonar la FAMP: “Se trata de un instrumento al servicio de la Junta y del PSOE, cómplices de la situación subsidiaria y de penuria de los ayuntamientos”. Desde la vicepresidencia de la FEMP, el talante de Aguilar es más conciliador y apuesta por no dilatar más el proceso de negociación porque la situación  es realmente de emergencia.

De hecho, el Consejo Económico y Social ya ha dado la voz de alarma en el caso de Córdoba que, en plena crisis, consumirá 17 millones del presupuesto de este año en la ampliación del aeropuerto y la construcción del Palacio del Sur. El citado órgano no duda de la necesidad de las obras, pero sí del procedimiento escogido para financiarlas: elevar la deuda con los bancos.

Los expertos recomiendan cautela. La FAMP estima que los ingresos municipales están rebajándose en un 60% de media por el descenso de las obras. En Sevilla se alcanza el 70% en algunos puntos y en Cádiz y Málaga se supera también el 50%. El Ayuntamiento de Almería capital estima que sus ingresos han descendido en el último año en torno al 35%. Y eso a pesar de que las licencias de vados, primera ocupación y obras mayor y menor sólo han descendido levemente. Quizás sea la resaca del gran boom experimentado en la construcción en ciudades como Jerez de la Frontera, donde el negocio del ladrillo todavía no se ha ralentizado, pese a que es cierto que apenas hay suelo y que el mercado inmobiliario se ha frenado, según el delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol.

En algunas ciudades hay indicios de crisis, en otras es más que evidente y ya se han activado planes de choque para contener el gasto. En Rincón de la Victoria (Málaga) han comenzado por las horas extra de los funcionarios y las gratificaciones, que se han reducido drásticamente y se lucha para reducir las facturas de electricidad, teléfono y transporte, a la vista de que las licencias de obras están paralizadas. En la costa, y también en el interior. En Ronda, la plantilla municipal  está congelada y las horas extra de los funcionarios son ya historia.

Casi como la deuda que los municipios andaluces acumulan y que cada año, lejos de bajar, sube un peldaño más. A la cabeza del endeudamiento están localidades como Marbella y la capital malagueña, cuya deuda consolidada de todo el ayuntamiento, incluidas las empresas públicas, asciende a 800 millones de euros. Las corporaciones locales son, en su mayoría, reacias a difundir estas cifras, pero el PP calculó recientemente que el montante supera ya los 10.000 millones de euros en toda Andalucía. Los expertos desaconsejan recurrir al endeudamiento para capear el temporal inmobiliario. Supone una carga para las generaciones futuras. Que se lo cuenten al actual alcalde de Alozaina, en Málaga, cuyo consistorio arrastra una deuda de 3 millones. Un juzgado malagueño ordenó hace algo más de un mes el embargo de las cuentas municipales tras la denuncia de un proveedor al que le deben 52.200 euros. No es el único, Alozaina está en números rojos con empresas, Seguridad Social y con la plantilla de empleados. 

El bache no sólo afecta a los empleados públicos, también al ciudadano. En el municipio sevillano de Espartinas ahora hay que pagar por servicios que antes eran gratuitos, como las escuelas deportivas o el transporte escolar. Todo sea por subsistir y evitar retrasos a final de mes, como en Huévar, Burguillos o en Valencina, también en el Aljarafe sevillano, donde más de una cuarta parte de la plantilla se irá al paro. En la misma comarca, en Gelves el pleno ha solicitado un crédito de 800.000 euros para llegar a fin de mes.

 El dinero ya no aparece debajo de los ladrillos. En la provincia de Cádiz, por término medio, se estima que uno de cada cuatro euros de impuestos procedían hasta ahora del hormigón. En Lepe el Ayuntamiento se aprieta el cinturón porque los ingresos en concepto de tasas e impuestos urbanísticos cayeron el año pasado un 25%, una tasa que este año se podría doblar. Pero lo peor de todo es que Lepe carece de un PGOU definitivo, lo que bloquea al Ayuntamiento a la hora de disponer de terreno. En Isla Cristina, también en Huelva, ya agotaron el PGOU, pero el presupuesto sigue creciendo este año con la confianza de que los ingresos se lograrán a través de las subvenciones de la Junta de Andalucía. La misma esperanza tiene el equipo de gobierno de Aljaraque, uno de los núcleos que más ha crecido en la última década en la provincia onubense, que este año sólo ha recaudado por impuestos urbanísticos un 10% de lo previsto, lo que ha empujado al nuevo alcalde, José Martín, a romper la dinámica y dejar de cargar el peso inversor en el urbanismo y crear un tejido económico y dinámico para generar riqueza.

Aunque no todos tienen la misma iniciativa. El Ayuntamiento de Moguer, siguiendo el ejemplo de Punta Umbría, arriesgará y desarrollará planes urbanísticos y planeanientos nuevos en zonas costeras para generar superávit. El riesgo es quedarse sin blanca y con más deudas. Los grandes proyectos urbanísticos no son siempre garantía. Y los constructores, reunidos también esta semana en Córdoba, confían en la Junta de Andalucía para encontrar soluciones viables a la crisis. Por eso aplauden el Plan de Vivienda, que llega como agua de mayo y permite desbloquear el marco jurídico al que se pueden acoger los adquirientes y promotores para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). El plan también prevé la búsqueda de suelo para hacer la reserva para estas viviendas.

A veces, la solución es vender suelos. En Ronda, el gobierno local se ha encontrado, además, con la paralización de la polémica urbanización de Los Merinos, cuyos promotores aún adeudan unos 14 millones de euros. La asfixia está conduciendo a muchos alcaldes a enajenar terrenos.

Éste es uno de los planes que tienen el Ayuntamiento de Estepona y el de Málaga, que prevé ingresar 90 millones de euros mediante la venta de suelo y a reducir al máximo las inversiones para los próximos tres años.  De hecho, los ingresos de los ayuntamientos relacionados con el urbanismo proceden, sobre todo, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de ingresos patrimoniales por enajenación y venta de suelo. Éste es un dinero que no se puede dedicar a gastos corrientes, sino a inversiones y las estadísticas de Hacienda demuestran que más de la mitad de éstas se financian con estos ingresos.  “Además de los impuestos directos que provienen del urbanismo, para no subir directamente la presión fiscal se recurre a los convenios urbanísticos y a la venta de suelo y, aunque los ciudadanos no lo perciban así, al final son ellos quienes acaban pagando también porque el precio de la vivienda se encarece”, comenta el profesor Sánchez Maldonado.

Eso cuando hay suelo. En Cádiz capital y municipios como San Fernando, Puerto Real o Barbate, entre otros, el principal problema es que no queda terreno disponible para edificar. Las corporaciones locales no deben nutrir su recursos de este tipo de ingresos, porque ha sido una de las circunstancias que han motivado su colapso económico y han favorecido la corrupción, según comenta Antonio Noria, concejal de Urbanismo de Puerto Real, ayuntamiento de IU involucrado ahora en la revisión de los planes que permitirán aprobar numerosas licencias solicitadas. En los municipios de la bahía, no obstante, el ritmo de presentación de licencias de obra ha decaído notablemente en este año. Hasta un 20% menos se han registrado en la capital gaditana. Otro efecto derivado de la crisis es la fuerte acogida que tiene cualquier promoción pública que se hace desde el ayuntamiento; antes concurrían dos o tres empresas y ahora están llegando 14 ó 15, incluso ofreciendo mejoras sobre los pliegos de condiciones, explica José Blas Fernández, concejal de Hacienda de Cádiz. Escasean los ingresos y escasea el empleo.

Otro instrumento para medir la crisis de la construcción está en los Colegios de Arquitectos. En el de Granada, por donde tienen que pasar todos los proyectos que se van a ejecutar en la provincia, apenas ha habido movimiento en los últimos meses. En la costa las grúas no se arrancan. El alcalde de Motril, el popular Carlos Rojas, asegura que ingresa diez veces menos que hace unos meses por tributos vinculados a la construcción. Y su vecino de Almuñécar, el andalucista Juan Carlos Benavides, confirma que las licencias se han reducido este año “a la nada”.  Una situación igualmente dramática se vive en el área metropolitana de Granada, donde la grúa era el principal elemento paisajístico. Según su ayuntamiento, socialista, las licencias han bajado hasta un 70% desde enero y en Las Gabias, también en manos del PSOE, la bajada en la recaudación frenará grandes proyectos.

En Bollullos de la Mitación (Sevilla), cuyas arcas cuentan este año con un 57% menos de dinero, se ha descartado el proyecto estrella, un pabellón cubierto, a cambio de no subir más el IBI. Años atrás, en el área metropolitana sevillana algunos ayuntamientos incrementaron en más de un 140% sus presupuestos gracias a la construcción y el IBI por nuevas viviendas. Ésos son ya otros tiempos. En Cádiz, los municipios de la costa serán los más afectados porque es allí donde años atrás han proliferado las segundas residencias. En Conil, por ejemplo, los ingresos por tributos urbanísticos se han reducido en una quinta parte  y en Chiclana es donde más se nota el parón es en el tributo por plusvalías, que ha bajado este año un 30%. También en Arcos el monstruo constructor se ha comido los ingresos y entre enero y mayo sólo se han formalizado la mitad de licencias que en 2007.

Según estudios realizados para Hacienda, la mitad de los ingresos de los ayuntamientos son propios, por recaudación, y un tercio proviene de las transferencias de otras administraciones, en un 50% del Estado. El nivel de endeudamiento se incrementó también con la desaparición del cobro del Impuesto de Actividades Económica (IAE) para las empresas que facturan menos de un millón de euros al año. El Ayuntamiento de Granada lamenta que el Gobierno central no haya hecho las transferencias compensatorias suficientes.

La Junta de Andalucía, para contribuir al saneamiento financiero de los municipios, aporta ayudas para refinanciar las deudas, pero el dinero que destina a los ayuntamientos es la mitad del que dedica a las empresas públicas.

Ahora el objetivo de los ayuntamientos se centra en atraer a empresas para que se asienten en el suelo industrial disponible en municipios en bancarrota. La solución que muchos alcaldes vislumbran es exprimir al máximo el IAE con la creación de nuevas zonas industriales y económicas. El Puerto de Santa María, en Cádiz, es uno de ellos. Ello alivia y quizás por esta razón Algeciras está aguantando mejor que nadie el envite. Los expertos creen que la utilización de recargos de impuestos estatales, como el IRPF o el IAE, aliviaría la situación, ante la inviabilidad de crear nuevos tributos. “Las bases fiscales están todas ocupadas y es difícil pensar en nuevos impuestos como no sea en nuevas tecnologías o comunicaciones”, explica el profesor Sánchez Maldonado. Un estudio realizado por universidades madrileñas para Funcas apunta como materias libres de gravamen al medio ambiente y sugiere la creación de impuestos por las molestias de los bares y el uso excesivo del agua, un peaje por entrar en el casco histórico y derramas o contribuciones por obras en determinadas calles.

No obstante, la mayoría de los expertos coincide en que la solución no es una mayor presión fiscal, sino una mejor distribución de los recursos. “Que de una gran caja imaginaria, cada uno coja los recursos necesarios en función de los servicios que presta”, explican fuentes de la FEMP que, tras asesorarse, apuestan por un modelo dual, de pequeños y grandes municipios, por no todos tienen las mismas demandas ni prestan los mismos servicios.

El debate acaba de abrirse.  Mientras llegan las soluciones se agradece la imaginación. En Granada, Jun  vuelve a convertirse en abanderado de iniciativas andaluzas. El Ayuntamiento socialista hace dos años que optó por potenciar la VPO y ha ahorrado para poner en marcha un campus para 20.000 habitantes. Al contrario que ocurre en Almensilla, en Jun hay puestos a tiempo completo para ediles y también  profesores.

> Con las informaciones de Trinidad Perdiguero, Sebastián Sánchez, Beatriz Revilla, Eva Reyes, Yolanda Sánchez, Iván Gómez y Francisco S. Múgica.

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