Contraataque en toda regla en el inicio del juicio por apropiación indebida. El ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera presentó ayer una denuncia ante la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, a la que pide que investigue al Real Betis y a la Liga de Juristas Béticos por haber mantenido durante toda la instrucción de la causa contra él un delito de alzamiento de bienes, en relación con la venta de acciones de Farusa a Bitton Sport.

En el escrito presentado ayer en la Fiscalía, justo un día antes del inicio hoy de la vista oral que sienta en el banquillo a Manuel Ruiz de Lopera por un delito continuado de apropiación indebida, el ex mandatario bético recuerda que las acusaciones particulares que representan el Real Betis y la Liga de Jurista Béticos han mantenido un supuesto alzamiento de bienes en la venta de las acciones de Farusa -que poseía un paquete del 51%- a Bitton Sport del 6 de julio de 2010, una actuación que, prosigue, estas acusaciones tildaron de "burda operación" cuyo "carácter simulado" es "clamoroso", llegando a solicitar una pena de prisión de dos años de cárcel para Lopera.

Lopera añade que hace un mes, el 17 de marzo, se formalizó ante notario un protocolo del acuerdo alcanzado entre el Real Betis y Bitton Sport, con la "intervención y anuencia de la Liga de Juristas Béticos, y cuyo exacto y completo contenido no ha sido dado a conocer".

El acuerdo inscribe a Bitton como accionista y se obtiene una opción de compra de las acciones, abonando a Bitton más de 700.000 euros, con el compromiso además de que el club se retira de los procedimientos judiciales abiertos a Luis Oliver. Lopera reprocha en su escrito que ese contrato de julio de 2010, "de la noche a la mañana resulta que es un contrato jurídicamente irreprochable, que convierte al adquirente en titular indiscutible de las acciones y que habilita a la concertación de esa opción de compra cuyos concretos perfiles contractuales no han sido dados a conocer".

Este cambio, destaca el ex mandatario del Betis, se ha producido sin que haya acontecido "ninguna novedad jurídica que justifique" que el contrato, considerado entonces "falso, fingido, simulado, fraudulento y en suma, delictivo, resulte ser ahora verdadero y válido, hasta el punto de justificar ese acuerdo alcanzado entre el Real Betis y Bitton con la anuencia de la Liga de Juristas Béticos".

Lopera concluye que de esta exposición se deduce "claramente" que las acusaciones han mantenido en el denominado caso Betis "una acusación a sabiendas de su falsedad, debiendo investigarse si de tal falsedad se era consciente desde el mismo momento en que se formuló el escrito de conclusiones provisionales, o antes, o después, a cuyo fin habrán de analizarse los supuestos informes jurídicos que se han esgrimido por el señor López Catalán para tratar de justificar el copernicano cambio de opinión experimentado respecto a la compraventa" de las acciones de Farusa.

El ex dirigente verdiblanco descarta que este "súbito y radical cambio de posicionamiento procesal experimentado por el Real Betis y la Liga de Juristas se deba a una reconsideración honesta de la cuestión. Antes al contrario, representa la culminación de unos objetivos estratégicos para cuyo logro, desde luego, se ha utilizado la ley, la Justicia y el derecho como si fueran plastilina".

La finalidad de todo cuanto ha sucedido, precisa Lopera, no es otra que lograr "a toda costa acaparar el control, primero provisional y después definitivo, del Real Betis, quitando de en medio a quien ha sido y sigue siendo su accionista mayoritario, Farusa, entidad contra la que se promovió ya hace muchos años un verdadero tsunami judicial en cuyo desarrollo se ha negado constantemente la realidad de que fue la venta de acciones hasta que ahora, por intereses claramente marcados, se ha cambiado sin el más mínimo pudor el carril jurídico para conferir validez a los que siempre se dijo que fue falso", sentencia Lopera.

El ex mandatario señala que como el desarrollo de los procedimientos judiciales "no ha sido el querido y previsto por sus promotores", llevó al denominado "entorno" a reconducir su estrategia, a la vista de que los "frutos judiciales, entre exiguos y nulos, no darían para hacerse con la preciada mercancía".

Lopera enmarca en esa nueva estrategia el acuerdo entre el Betis y Bitton Sport, como "epílogo" de todo este proceso. Lopera concluye diciendo que esta actuación "seguramente merece una reprobación ética y una responsabilidad civil, porque la vía natural para hacerse con cualquier bien, y desde luego un paquete de acciones, es la de comprarlo abonando su precio, no recurriendo a un asfixiante acoso judicial".

El ex dirigente del Betis considera que esta conducta no sólo merece un reproche ético, sino "probablemente penal", por cuanto en el desarrollo de esa estrategia se hayan mantenido "consciente y torticeramente acusaciones falsas de relevante gravedad". Lopera confía en que la Fiscalía admita la denuncia y así la Administración de Justicia "marque un límite, una línea roja, al abuso del derecho y a la utilización espuria de los instrumentos de que se vale" y todo ello en beneficio de la propia Justicia y del conjunto de la sociedad.

Lopera solicita a la fiscal jefe que abra una investigación y acuerde la práctica de diligencias que considere oportunas en caso de que estos hechos puedan aparentar la comisión de algún delito, y que en su caso acuerde posteriormente su remisión al juzgado de instrucción para su investigación, "en defensa de los intereses públicos y de los denunciantes, como víctimas y perjudicados".