La sección tercera de la Audiencia Provincial del Sevilla, que enjuicia al expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera, acordó ayer levantar el embargo que pesaba sobre sus acciones del club y rechazó anular el acuerdo para su cesión, impugnado por la asociación Béticos por el Villamarín (BxV).

El magistrado presidente del tribunal, Ángel Márquez, señaló que se desestimó la petición de BxV porque está basada en un acuerdo -alcanzado el 28 de julio entre Lopera, Luis Oliver, Betis, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos- "cuya valoración es ajena a este procedimiento".

Como consecuencia de este acuerdo, el club y estas dos asociaciones se dieron por resarcidas y renunciaron a continuar cualquier acción civil y penal contra los acusados, por lo que desde el 4 de septiembre están ya fuera del proceso.

Sólo BxV, encabezado por el expresidente Hugo Galera, se mantiene como acusación particular y en esa misma sesión del 4 de septiembre registró un escrito pidiendo la medida cautelar de suspender el acuerdo por el que Lopera y Oliver cedieron el 51% de las acciones, a cambio de 15 millones de euros en total, al club, que podría así venderlas entre los socios, si bien el acuerdo estaba pendiente de que se levantara el embargo para poder hacerlo efectivo.

El presidente del tribunal señaló que "la renuncia del principal perjudicado", el Betis, "conlleva que las acciones controvertidas han pasado a titularidad del Betis, por lo que la "restitución ya es imposible" porque ya son suyas.

"Esto afecta a las medidas cautelares que se solicitan que se levanten", el embargo que pesa sobre las acciones de Lopera y bienes inmuebles cuyo levantamiento solicitaron las defensas.

En la sesión de ayer, la Fiscalía se posicionó a favor de levantar el embargo sobre las acciones, no así sobre los bienes inmuebles; y el tribunal lo acordó así al considerar que las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de este juicio "quedan garantizadas con el embargo de inmuebles".

El tribunal también resolvió sobre la impugnación del acuerdo del 28 de julio reclamada por Béticos por el Villamarín y la documentación pedida por esta acusación particular para incorporarla al proceso, rechazando ambas solicitudes.