Tras finalizar 2016 con la celebración de la Junta General de accionistas, en la que de nuevo los máximos dirigentes béticos, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, recibieron el apoyo suficiente de los accionistas para continuar su proyecto, el inicio de 2017 viene marcado por unas citas judiciales que tendrán influencia en el devenir de la entidad verdiblanca. Desde el inicio del esperado proceso penal contra Manuel Ruiz de Lopera a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil sobre el paquete de acciones que continúa suspendido cautelarmente, el bético, como viene ocurriendo desde hace ya demasiados años, tendrá la mirada dividida entre lo que suceda en el terreno de juego y lo que ocurra en los tribunales.

Las primeras noticias se esperan desde el Mercantil. Después de que el juez Francisco Javier Carretero retrasara a principios de diciembre el dictamen por un motivo tecnológico, el juicio se encuentra ya visto para sentencia, por lo que el pronunciamiento sobre esa posible nulidad en la suscripción del 31,38% de las acciones debe conocerse en breve -los plazos se estima entre uno y tres meses desde la comunicación del juez, que se produjo hace dos semanas-. Además, la resolución de la Audiencia sobre la pieza separada en la que el juez decretó la adopción de medidas cautelares sobre ese paquete de acciones también se espera para este inicio de año, con lo que podría aparecer un nuevo escenario en la propiedad del Betis, o en el caso de ser favorable a Lopera, un posible cambio a corto plazo en el actual gobierno de la entidad.

Si estas sentencias judiciales, al igual que los recursos presentados para la del concurso de acreedores, pudieran tener su influencia en una hipotética negociación entre las partes como la mantenida en los últimos meses de 2016, otro tanto ocurre con el juicio penal contra Lopera por un presunto delito de apropiación indebida , cuya fecha de inicio está fijada para el 18 de abril. De este proceso se han establecido inicialmente 24 sesiones, que se desarrollarán entre los meses de abril y octubre, habiéndose señalado para el 5 de junio la declaración de Lopera. Al ex diriente bético, la Fiscalía le solicita una condena de tres años de cárcel y el pago de 3,6 millones de indemnización -las peticiones de las acusaciones particulares son mucho mayores-, y, precisamente, este punto fue uno de los principales en la negociación mantenida el pasado año y en el que a Lopera se le ofreció salir indemne a cambio de una oferta de compra de sus acciones.

Si estos casos judiciales son los de mayor importancia para este inicio de 2017 no serán los únicos que tengan al Betis como protagonista. Así, para el próximo 8 de febrero está señalada la audiencia previa de la demanda en ejercicio de acción social de responsabilidad del Betis contra Manuel Castaño, Jaime Rodríguez-Sacristán, Ángel Vergara, Luis Oliver y José León, a los que se les reclama solidariamente 1.318.231,60 euros, y que ha sido otro de los puntos que apareció en la negociación mantenida entre los dirigentes béticos y Bitton Sport en los días previos a la última Junta.

Otras resoluciones de menor repercusión, referidas a contenciosos derivados del concurso de acreedores o a la demanda interpuesta por Garrido abogados y asesores fiscales, también podrían tener un hueco en este 2017 que se antoja clave en lo judicial para la entidad verdiblanca y que tendrá una incidencia relevante en el presente y futuro de la misma.