Numerosos oscuros rodean el acuerdo firmado en la noche del viernes entre el Betis -representado por Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Adolfo Cuéllar- y Luis Oliver. El escueto comunicado de la entidad verdiblanca apenas transmitía el final del asunto, ese mantenimiento del actual status quo en el gobierno del club, pero dejaba sin aclarar todas las concesiones -económicas ahora y en el futuro, penales y de mando- realizadas al empresario navarro y su grupo. Esto ha provocado que numerosos béticos hayan mostrado su disconformidad con el proceder de la entidad y este domingo tanto Por Nuestro Betis como Béticos del Villamarín aunaron sus reflexiones en un duro comunicado con el que arremetieron contra el consejo por su proceder e incluso tacharon de "indigno" ese pacto.

Así, ambas asociaciones, que apoyaron al consejo en la última Junta, tienen "el posicionamiento conjunto de absoluto rechazo al presunto acuerdo alcanzado". "Para ambas asociaciones el acuerdo es indigno con el Betis, inviable, judicializa más la situación, favorece a los presuntos delincuentes, y aleja el objetivo primigenio e irrenunciable de los demandantes del Betis de los béticos, al garantizar un precio elevadísimo por las acciones, lo cual sólo podría favorecer a algunos. Es más, el uso de fondos de la sociedad destinados a una opción de compra de un paquete accionarial litigioso, se puede entender como un exceso de mandato de este consejo. Quien quiera tener la oportunidad de obtener dicho paquete litigioso, corriendo el riesgo de las posibles consecuencias de las resoluciones judiciales que se dicten en los procedimientos existentes entre las empresas del señor Oliver y el señor Lopera, que utilice sus fondos propios, si así les interesare, y no los fondos del Betis", expresó el comunicado, que también informaron de su oposición al acuerdo desde un primer momento: "Los miembros del actual consejo, además, eran conocedores de la oposición de nuestras asociaciones a este acuerdo que proponía, y por numerosos motivos, entre ellos su más que probable inviabilidad dadas las complejidades contractuales y judiciales que afectan al contrato entre Farusa y Bitton del año 2010 y de las que fueron advertidos, así como, por las consecuencias negativas que este acuerdo pudiera suponer para con los pleitos judiciales que estas asociaciones emprendieron hace más de diez años".

"Los argumentos cansinos de la DES-JUDICIALIZACIÓN del Betis, o el de la PAZ SOCIAL, para buscar salidas como este mal acuerdo, choca contra lo que es claro y notorio, y es que la judicialización afecta a aquellos que cometieron presuntos ilícitos punibles", continuó el comunicado, que acusó directamente al actual consejo de querer perpetuarse: "Dado que de estas actuaciones se podría colegir que lo que pretende la cúpula de la actual consejo de administración del Betis es perdurar en el mismo al menos otros cinco años, plazo en el que al parecer estarían en suspenso ciertos derechos políticos de las acciones de Bitton Sport compradas por el Betis, exigimos total transparencia en lo acordado entre este consejo y los representantes de Bitton a la hora de formación de consejos, distribución de cargos, acuerdos de votación...".

Además, las asociaciones recuerdan que "la titularidad de las acciones es actualmente objeto de litigio entre Farusa y Bitton, por lo que sin una resolución judicial a propósito, esta decisión del consejo podría parecer, como poco, arbitraria", a la vez que resaltan que "el desembolso y suscripción inicial de gran parte de esas acciones están pendientes de una inminente resolución judicial".