La validez del pacto acordado entre Ángel Haro y José Miguel López Catalán con Luis Oliver sigue generando muchas dudas, de ahí que tanto PNB como BxV solicitaran al club, días atrás, una documentación que todavía no han recibido con la intención de poner luz a un acuerdo con incógnitas a su alrededor. Sobre todo por la situación en la que se encuentra el contrato de compraventa entre Bitton y Farusa.

"Desde hace un tiempo la sociedad Bitton Sport viene reclamando que se le reconozca como titular del 51% del Real Betis y su derecho a ser inscrita en el libro de accionistas del Real Betis. Después de un proceso reglado y establecido en la ley y contando con diversos dictámenes jurídicos y opiniones del más alto nivel académico en derecho mercantil, estábamos obligados a inscribir a Bitton Sport como titular de este porcentaje y, por tanto, beneficiario de los derechos políticos de estas acciones. A estos informes jurídicos hay que añadir los requerimientos del CSD y las propias manifestaciones realizadas por los abogados de Farusa en los procedimientos judiciales reconociendo que la venta era válida. Una vez inscrito a Bitton en el libro de accionistas, el consejo negocia una opción de compra sobre las participaciones de Bitton como oportunidad de hacer llegar al cuerpo social bético la mayoría del accionariado atendiendo a una aspiración largamente demandada", manifestó Ángel Haro a la hora de explicar el acuerdo con el navarro.

Haro habló del 51%, pero en el Consejo Superior de Deportes, según ha podido conocer este diario, Bitton consta como inscrita sólo con el 19,96% a efectos, únicamente, de evitar la multipropiedad, siendo Farusa la que seguiría registrada con el 51% debido a que el auto que salió a la luz el pasado viernes 31 de marzo indica que dicha venta no se llevó a efecto.

Esto queda reflejado en la página 18 de dicho auto: "Que la entidad recurrente sigue siendo dueña de las acciones a que se contrae la presente litis, una vez descartada que la compraventa se haya consumado, a tenor de las consideraciones anteriores, es un hecho que debemos dar por acreditado". Además, el contrato de Bitton y Farusa contiene una condición suspensiva, pues el contrato habla de un 51% del capital y el 31% está inhabilitado, de ahí que habrá que esperar a ver cómo acaba un asunto que se encuentra en la Audiencia Provincial de Madrid y que podría acabar en la invalidez de ese contrato entre Lopera y Oliver.

También, la incripción en el CSD no es suspensiva en sí misma. Es decir, el CSD inscribe las participaciones superiores a un 5% para evitar la multipropiedad. El contrato entre Bitton y Farusa incluye esa condición suspensiva para que ese contrato genere validez y pueda realizarse la inscripción en el CSD, pero esta nunca se produjo por el auto del juzgado de instrucción número 6, que ordenó la paralización de dicha inscripción.

"Por tanto, la decisión del CSD de inscribir "provisionalmente" en el Registro de Asociaciones Deportivas del CSD a nombre de BITTON una participación significativa del 19,96% de las acciones del REAL BETIS, no prejuzga sobre la titularidad de dichas acciones, sino que se acuerda a los solos efectos de 'evitar o prevenir que BITTON pueda llegar a ostentar participaciones significativas en el accionariado de varias sociedades anónimas deportivas que pertenezcan a la modalidad deportiva de fútbol', porque esa eventual situación vulneraría la Ley del Deporte. De ahí que esa inscripción provisional o preventiva quede 'condicionada a la resolución del procedimiento en el que se dirime la titularidad definitiva de las acciones controvertidas'. Por tanto, el órgano de administración del Real Betis seguirá funcionando conforme a como lo venía haciendo antes de tener conocimiento de esta resolución y centra todos sus esfuerzos en el desarrollo de su proyecto", expuso el Betis en un comunicado el pasado 20 de mayo de 2016, dejando inscrita a Farusa tras recibir dicha resolución por parte del CSD.

Meses después, el Betis ha inscrito a Bitton con el 51%, como indicó Haro, apareciendo ahí las dudas sobre si eso puede ser posible, cuando el CSD ya ha manifestado la imposibilidad de alterar la titularidad de las acciones al estar condicionada a una resolución judicial que aún no se ha producido.