Hasta 2009, no hay evidencia estadísticamente significativa de reducción del consumo de tabaco entre los hombres y muy poca de una disminución del consumo de tabaco entre las mujeres como resultado de fijar un impuesto mínimo en España en 2006 en aplicación de la legislación impuesta por la Unión Europea. Esto a pesar de un aumento del precio de los cigarrillos hasta tres veces más rápido que antes de que la ley entrara en vigor, según concluye un nuevo estudio publicado en la edición online de la revista Nicotine and Tobacco Research.

El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco pide a las partes que implementen políticas fiscales destinadas a reducir el consumo de tabaco. Como firmante, la Unión Europea aprobó una ley que exige a los estados miembros aplicar impuestos a los cigarrillos para que, desde el 1 de enero de 2014, al menos supongan 90 euros por 1.000 unidades, sin importar la marca o categoría. Numerosos estados miembros han previsto este movimiento y lo han introducido en la legislación tributaria.

El impuesto mínimo de España en materia de legislación de cigarrillos manufacturados ha estado funcionando desde febrero de 2006.