Dolores Jiménez Rubio y David Epstein

Profesores del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada

La profunda crisis económica que viene atravesando España está pasando factura al sector sanitario que recientemente está sufriendo importantes recortes presupuestarios. El año 2010 representa el punto de inflexión al ponerse de manifiesto de forma explícita las serias limitaciones financieras del Sistema Nacional de Salud  (SNS) español. Hasta esa fecha, el gasto sanitario público había estado creciendo más rápidamente que el PIB y más que en muchos países de la OCDE.

Con objeto de reducir el déficit sanitario las medidas que se han impulsado en España han ido encaminadas principalmente a la contención del gasto público más que al aumento de los ingresos. Así, por ejemplo, se está extendiendo la práctica de recetar por principio activo en lugar de mediante marca, se han implementado recortes arbitrarios en muchos sectores, se han producido despidos de personal, especialmente de trabajadores indefinidos y, en Andalucía en particular, se ha aprobado una reforma consistente en la adquisición de medicamentos mediante subasta. Asimismo, en muchos casos se han incrementado los plazos de pago a los proveedores sanitarios y las listas de espera en atención primaria y secundaria.

No obstante, para garantizar la solvencia y sostenibilidad futura del SNS son muchos los especialistas que apuestan por reformas de más calado con un impacto más a largo plazo. Una de las medidas que ha suscitado mayor consenso en este sentido consiste en el establecimiento de prioridades mediante la evaluación sistemática de tecnologías sanitarias y el uso de un conjunto de criterios que determinen qué servicios incluir en el paquete sanitario público y que permitan "desinvertir" en aquellos programas con escasos beneficios clínicos. El uso de la efectividad comparada y el ratio coste efectividad en la selección de fármacos y tecnologías sanitarias gozan ya de gran tradición en países como Australia, Canadá o Reino Unido. En este último país, la agencia de evaluación NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) incluso ha publicado en su página web un listado de prácticas clínicas de dudosa efectividad ante determinados diagnósticos. También el Gobierno de Obama ha reconocido la necesidad de emplear criterios de efectividad clínica con objeto de contener el gasto sanitario ante las reformas aprobadas recientemente.

Un segundo grupo de medidas más polémicas son las relacionadas con un mayor uso de los mecanismos de mercado, que no tienen por qué suponer necesariamente la privatización completa del servicio. Una de ellas es el copago, cuyo objetivo debería ser disuadir el consumo innecesario y abusivo de los recursos sanitarios, evitando excluir a los grupos de renta baja y a los más enfermos. En este punto resulta interesante señalar que, según datos de la OCDE, los españoles visitan al médico de cabecera más que ningún otro país de la UE-15, con la única excepción de Alemania. Para hacer frente a las frecuentes visitas médicas en Alemania se está estudiando introducir un copago sanitario de cinco euros por consulta médica. Italia ha ido más allá al aprobar en julio del pasado año un copago de 10 euros por visita al especialista y de 25 euros por usar los servicios de urgencia que no requieran hospitalización. En España, hoy por hoy la idea de introducir un copago para moderar el uso de los servicios sanitarios genera bastante rechazo entre la población. Sin embargo, existe un mayor acuerdo en la necesidad de reformar el actual sistema de de copagos farmacéuticos. Ello se debe principalmente a su diseño, calificado por muchos como obsoleto, ineficiente e injusto, ya que se considera que las exenciones deberían ir destinadas a aquellos individuos con menores recursos económicos, sean pensionistas o no. En Cataluña recientemente se ha aprobado una modificación del sistema de copagos farmacéuticos bastante radical que consiste en el pago de un euro por receta dispensada que no exime ni a rentas bajas, ni a pensionistas, ni a enfermos crónicos.

Algunas otras medidas sugeridas en diversos informes recientes que permitirían aumentar la eficiencia de los servicios sanitarios a largo plazo consistirían en mejorar la transparencia del sistema en relación a los costes y los resultados del mismo, o en la reforma de los contratos a los profesionales sanitarios para que se tenga en cuenta el esfuerzo y el rendimiento en su retribución, entre otros factores.

A pesar de los problemas por los que atraviesa el sector sanitario, los datos del Barómetro Sanitario del 2010 revelan el buen funcionamiento que del mismo percibe la inmensa mayoría de la sociedad española.  Así, la sanidad pública sigue siendo una de las prestaciones mejor valoradas por los españoles, donde el 73,9 por ciento de la población encuestada considera que nuestro sistema sanitario funciona bien o bastante bien. Asimismo, un informe reciente de la OCDE pone de manifiesto que España se sitúa por encima de la media en numerosos indicadores sanitarios como la esperanza de vida, la tasa de mortalidad por causas específicas, la tasa de vacunación, o los costes administrativos. No obstante, la actual crisis económica ha puesto en evidencia las debilidades del sistema, especialmente en lo que se refiere a su financiación. Puesto que la demanda y el coste de los servicios sanitarios van a continuar con su tendencia alcista debido fundamentalmente al envejecimiento de la población,  confrontar estos retos exigirá la implementación de cambios profundos en el modo en que los servicios del SNS están organizados y financiados.