María José Guzmán

Los recortes en la sanidad pública afectaron en 2012 también a los inmigrantes irregulares. A primeros de septiembre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hizo efectiva la retirada de la tarjeta sanitaria a los extranjeros sin permiso de residencia. La medida, que según las previsiones del Gobierno central, afecta a más de 150.000 personas, persigue un ahorro de 500 millones de euros. Un buen pellizco en la tarta de 16.000 millones de deuda que acumula la sanidad pública en España. La decisión de dejar sin cobertura a los pacientes sin papeles generó un amplio rechazo político y social, hasta el punto de que ocho comunidades, incluidas dos gobernadas por el PP, se declararon en rebeldía y garantizaron la atención sanitaria a los inmigrantes.

Según la normativa en vigor, los inmigrantes ilegales tienen derecho únicamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años. En el caso de los enfermos crónicos o con dolencias graves, el Gobierno se compromete a proporcionarles el tratamiento, aunque la atención se le facturará al país de origen, si existe un convenio de colaboración, claro. En caso contrario, la decisión de atender al inmigrante recae en manos del facultativo, que debe determinar si existe un riesgo vital y, por tanto, es imprescindible el tratamiento.

Por ello, la decisión de Sanidad de retirar las tarjetas a los sin papeles indigna a buena parte del colectivo médico. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha sugerido a los facultativos recurrir a la objeción de conciencia. A su juicio, la normativa supone un conflicto ético entre los profesionales en relación a su deber con el Sistema Nacional de Salud y su deber con esos pacientes. Los profesionales de la sanidad insisten en que no pueden dejar de atender a quienes ya son sus pacientes y, por ello, han propuesto al Gobierno de Mariano Rajoy que ofrezca a este colectivo en situación irregular un mínimo de prestaciones.

Las reacciones en los gobiernos autonómicos no se hicieron esperar. Entre ellos, la Junta de Andalucía, que se distingue por prestar una sanidad universal y una buena atención a los inmigrantes irregulares desde hace años. Castilla y León y Galicia, regiones con gobiernos del PP, aplican la norma "con matices". En concreto, la Xunta de Galicia sigue prestando atención sanitaria a los inmigrantes que acreditan que carecen de recursos y que estan empadronados con anterioridad al 1 de septiembre de 2012. Es una forma de cumplir con la legislación nacional bordeando los límites de la norma. En el caso de Castilla y León, el compromiso es prestar la atención aunque sea a costa de meter en el cajón de los impagados las facturas a inmigrantes sin recursos. 

Las soluciones son diversas. Andalucía  fue tajante desde el primer momento y la Junta apuesta por aplicar exactamente el mismo protocolo de asistencia sanitaria a los inmigantes, garantizando la protección universal de la salud para el conjunto de los ciudadanos. La fórmula es un documento de asistencia temporal que desde los últimos tiempos la comunidad viene emitiendo para este colectivo que, en Andalucía, se cifra en unas 46.000 personas.

En el País Vasco, Asturias, Cataluña y Canarias se mantiene la atención a los sin papeles. Y en Navarra se ha propuesto abrir un alínea de ayudas para cubrir dichos gastos de quienes acrediten que no pueden afrontar su coste. En el resto de comunidades, gobernadas por el PP, están siguiendo al pie de la letra el decreto y atendiendo a los inmigrantes, eso sí, previo pago. Es el caso de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Balerares, Cantabria y La Rioja.