José Manuel Cansino Muñoz-Repiso

Profesor Titular de Hacienda Pública de la Universidad de Sevilla

El 12 de mayo de 2010 el gobierno español abandonó radicalmente el discurso Keynesiano que venía manteniendo desde la cumbre del G-20 en Washington. Con él lo hizo también el gobierno de la Junta de Andalucía. ¿A qué se debió un cambio tan radical de política económica anticrisis? En el primer trimestre de 2010 la deuda pública española ya había repuntado hasta el 71 por ciento del PIB, un nivel ciertamente bajo si se compara con el de otros socios de la UE pero que mostraba una tasa de crecimiento elevadísima consecuencia de un déficit público galopante. A comienzos de mayo de 2010 se acababa de producir el rescate de Grecia ante la amenaza de quiebra o default del estado heleno. A día de hoy no son pocos los analistas que sostiene nuestra nación estuvo probablemente en quiebra técnica el 7 de mayo de 2010. Ese día, el denominado Indicador de Riesgo Sistémico del BCE se disparó superando los niveles registrados en el momento de la quiebra del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers. El mercado interbancario se congeló y, como consecuencia, el colapso financiero estaba servido.

Entre el 3 y el 7 de mayo la Bolsa española llegó a perder un 14 por ciento. El BCE estaba comprando deuda pública española en el mercado secundario a las entidades financieras que la habían comprado en el mercado primario. En la práctica, el BCE había dejado de funcionar para el fin para el que fue creado y que en absoluto era para comprar deuda pública a los estados con problemas financieros. Sólo con la intervención del BCE los bancos obtenían liquidez con la que volver a comprar deuda pública evitando el default de España. La situación parece que llegó al extremo el viernes 7 de mayo. Ese día no había ni una sola entidad financiera dispuesta a comprar deuda o bonos españoles, ni públicos ni privados. Si España quebraba, los bancos franceses y alemanes se verían arrastrados a una situación de insolvencia habida cuenta de la cantidad de deuda española que tienen en sus balances. La situación era tan grave que los responsables de la Comisión Europea y del BCE se reunieron de urgencia el fin de semana del 8 y 9 de mayo. El Plan Extraordinario de rescate parece que se aprobó en la madrugada del lunes 10 de mayo, antes de que abriesen las Bolsas españolas y europeas. La cifra que se manejó fue de unos 250.000 millones de euros. El BCE decidió seguir comprando deuda pública española en contra de lo que la propia naturaleza del propio banco establecía. También lo ha hecho con otros estados de la UE. Naturalmente el apoyo de Francia y Alemania a España en las instituciones comunitarias no fue gratis. El gobierno se vio forzado a cambiar radicalmente su política económica. Un cambio sin precedentes que le llevó del keynesianismo expansivo del Plan E al recorte anunciado en el Congreso el día 12 de mayo.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados el miércoles 12 de mayo, el presidente Zapatero anunció que el Gobierno español suspendía la revalorización de las pensiones en 2011, eliminaba el régimen transitorio para la jubilación parcial, bajaba el sueldo un 15 por ciento a los miembros del Gobierno y un 5 por ciento de media a los empleados público, reduciría los gastos de farmacia y suprimiría el “cheque bebé” a partir de enero de 2011. El Gobierno español había tenido que cambiar su política como exigencia de la UE y el BCE. Ahora tenía que demostrar a sus socios y, especialmente, a los inversores institucionales que operan en los mercados financieros que era capaz de reducir el déficit público. Para ello necesitaba el concurso del resto de Administraciones Públicas. Esto es lo que refleja el sencillo análisis que se desprende de la tabla. Las cifras de gasto público evidencian un patrón de comportamiento casi gemelo de la Administración del Estado y la Administración Autonómica. El endeudamiento galopante consecuencia del déficit presupuestario mantenido hasta 2010 explica que el único crecimiento significativo de las partidas de gasto, se registre en los gastos financieros (un 18.1 por ciento para el Estado y un 15.9 por ciento para Andalucía) y en la amortización de deuda pública registrada en el Capítulo 9 (un 31.6 por ciento para el conjunto del Estado y un 14.1 por ciento para la región autónoma). Cuantitativamente el principal ajuste a la baja del gasto lo soporta el gasto de capital como lo evidencia el descenso de un 38.1 por ciento en las inversiones reales del Estado.

A nivel autonómico, el avance del presupuesto de 2011 no ofrece información desagregada para la inversión y las transferencias de capital aunque sí resulta palmario el descenso de un 24.3 por ciento en el conjunto del gasto de capital. Otro recorte importante tanto a nivel estatal como autonómico se realiza en la adquisición de activos financieros que se reduce un 19 por ciento en el primer caso y un 33.6 por ciento en el segundo. Es razonable que el patrón presupuestario sea coherente en los distintos niveles de la Administración Pública. Vista la influencia determinante que la UE tiene sobre el Gobierno Español hasta el punto de condicionar su política, no sería descabellado pedir que el Gobierno español tenga sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la misma influencia que la Comisión Europea tiene sobre los Estados miembros. De otra forma sería imposible atajar problemas como el déficit público. Una sociedad democrática y madura puede y debe hacerse preguntas legítimas como ¿estamos satisfechos de nuestro modelo de organización territorial? Afortunadamente ha pasado ya el tiempo en el que se demonizaba a quien cuestionaba la racionalidad económica del modelo autonómico. El axioma según el cual todo gasto en manos de las administraciones autonómicas es un gasto mejor gestionado, ha resultado ser falso. La insumisión presupuestaria que a veces han mostrado diferentes administraciones sólo como parte de la pugna política debilita la imagen exterior de España y acaba metiendo la mano en el bolsillo de los contribuyentes actuales y de sus hijos.