José Manuel Cansino Muñoz-Repiso

Profesor de Economía Aplicada. Universidad de Sevilla

Ajustándose a lo previsible, los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para 2010 reflejan el impacto de la recesión económica sobre ingresos y gastos, a través de los denominados estabilizadores automáticos. Además, dejan entrever la acción discrecional y compensadora de un sector público al que, a nivel internacional y nacional, parece reconocerse extraordinaria mayor eficacia que al mercado en la superación de la crisis económica.

Los ingresos consolidados previstos ascienden a 33,7 miles de millones de euros en términos nominales, lo que considerando la previsión de inflación que maneja el Ejecutivo andaluz para 2010 (un 0,1% medido a través del deflactor del PIB) supone un decrecimiento real del ingreso del -0,2% respecto a 2009. Para llegar a esta cifra, deben subrayarse las caídas de los ingresos corrientes (-8,1%) y los de capital (-6,1%) que se compensan con un fortísimo aumento de los ingresos procedentes de operaciones de endeudamiento financiero, hasta alcanzar los 5,4 miles de millones. Efectivamente, los estabilizadores automáticos explican buena parte de la evolución de los ingresos tanto en las operaciones corrientes como en las de capital.

En los ingresos corrientes destaca la caída de la recaudación por impuestos directos (esencialmente la parte transferida del IRPF) en un -24,6 %. Esta previsión es coherente con la estimación del gobierno regional de un descenso de la población ocupada en 2010 del 1,7 % y también con un esperable aumento de la economía sumergida. Los ingresos procedentes de impuestos indirectos también descienden (-20,4%) en coherencia con una caída prevista de la demanda regional equivalente al 1,2% del PIB de Andalucía.

Esta evolución debe conjugarse con la entrada en vigor, en 2010, de un nuevo sistema de financiación autonómico que aumenta los tramos cedidos de varios impuestos esenciales (IRPF e IVA, particularmente), y que se inserta en un discurso científicamente frágil que pretende unir axiomáticamente la mayor autonomía fiscal al también mayor desarrollo regional. Además de no existir evidencia empírica suficiente en tal sentido, el riesgo de fragmentación del mercado interior español existe y sin duda pasará factura en forma de lesiones al desarrollo económico.

Para cerrar la alusión a los ingresos, la caída de los ingresos por capital sirve para abordar una cuestión de gran interés socioeconómico. Efectivamente, parte de su disminución se explica por un cambio en el criterio de clasificación presupuestaria de las transferencias finalistas en materia de empleo. A partir de 2010 pasan a registrarse como transferencias corrientes. El asunto a espigar es que el gasto público en formación, para muchos esgrimido como la panacea en la lucha contra el desempleo, no resulta ser científicamente incontrovertible. Los trabajos recientes de Javier Mato y Begoña Cuento en la Revista de Economía Aplicada y en Annals of Regional Science, advierten de que las políticas de formación deben tomarse con mayor rigor y que sus esperados efectos positivos lo son en mucha menor medida que la supuesta.

Finalmente, no debe pasarse por alto que el 47,9% de los ingresos públicos de Andalucía proceden de transferencias corrientes recibidas (16,1 miles de millones), lo que evidencia que los servicios públicos de los que hacemos uso los andaluces deben mucho a la cohesión nacional y al esfuerzo tributario común.

Por su parte, el Presupuesto Consolidado de Gasto registra un incremento nominal del 2% en el gasto corriente (1,9 % en términos reales) y un fuerte descenso nominal del 6,8% en el gasto de capital (6,9 % en términos reales).

Con diferencia, el peso del aumento del gasto corriente lo soportan los gastos financieros, que aumentan un 42,6% con respecto a 2009. Es la necesaria consecuencia del aumento previsto del endeudamiento en 5,4 miles de millones, según se ha expuesto. Un análisis más estilizado de la carga financiera exigiría conocer con mayor detalle la estructura de vencimientos de la deuda pública andaluza ya que, para 2010, el Banco de España espera unos tipos de corto plazo del 1,2% en la Eurozona y del 4% a largo plazo y para el mismo grupo de los dieciséis países del euro.

En los capítulos de gasto de capital sobresale el descenso en un 21,8% de las inversiones reales a realizar por la administración pública autonómica. Sin duda esta partida (correspondiente al Capítulo VI del Presupuesto) vuelve a comportarse como “partida acordeón” ya que el resto de políticas de gasto están sustantivadas en las leyes que las regulan. Por esta razón, en la tramitación parlamentaria del Presupuesto lo único que se hace es poner cifras a gastos difícilmente revisables (salvo que las leyes que los generan se revisen en la Ley de Acompañamiento). La inversión pública es, sin embargo, mucho más elástica y revisable a la baja.

Este recorte en la inversión en capital público, cuyos efectos sobre el crecimiento económico y criterios provinciales de distribución analizó con acierto Diego Martínez en la Revista de Estudios Regionales, parece tener vocación de compensarse con una nueva edición del Plan E municipal. De ser así, la superficial lectura de la recomendación de Keynes (por otra parte, probablemente más atribuida que real) de que en épocas de crisis sólo el sector público puede contratar a personas para cavar zanjas y luego cerrarlas, supondrá, además de dejar a nuestros hijos un respetable volumen de deuda pública, haberles legado el ejemplo de cómo gastar groseramente el dinero público apabullados por aplicar paños calientes sin mejor criterio de gasto.

Sólo cuando falta la conciencia de contribuyente, el escaso rigor en la gestión pública se abre un hueco amplísimo.