Crisis en la institución que agrupa a las hermandades y cofradías

El laberinto del Consejo

  • Adolfo Arenas presenta su dimisión con carácter irrevocable al considerar imposible el gobierno de una junta superior fracturada.

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Todo es una guerra de poder entre secciones de una institución que, además, depende de una autoridad -la eclesiástica- que se ha mostrado especialmente puntillosa con todo lo que se filtra y difunde. En un bando se sitúan los cuatro cargos generales del Consejo (el presidente Adolfo Arenas, el vicepresidente Carlos Bourrelier, el tesorero Tomás Vega y el secretario Manuel Nieto), varios delegados de penitencia (Francisco Vélez, José Carretero, Carlos López Bravo) y varios delegados de gloria y sacramentales, entre los que figura con peso específico Andrés Martín, del círculo más íntimo del presidente. En el otro bando, los delegados de penitencia José Luis Cantalapiedra, Mateo González y Manuel Barea, con el apoyo en varios momentos de Francisco Javier Gómez, todos ellos con veteranía en la institución y que han contado en esta ocasión con el aval de algunos delegados de gloria. El bando del presidente está harto de que la sección de penitencia haya impuesto el nombramiento del pregonero valiéndose de sus siete votos frente a los cuatro cargos generales. Como éste era el primer año de la junta superior renovada tras las elecciones de junio, los cargos generales se han procurado el favor de los nuevos delegados de penitencia para romper esa tradición de los últimos cuatro años. Y ahí se ha evidenciado un conflicto que, además, tiene como fondo el gran enojo de la autoridad eclesiástica por las continuas filtraciones de informaciones. Basten a este respecto dos ejemplos significativos: este periódico avanzó el borrador de los estatutos donde se incluían preceptos que permitían el intervencionismo de la autoridad en la elección del pregonero y en las de miembros del Consejo, finalmente excluidos del texto final, y la salida de imágenes a la calle en cuaresma por el Año de la Fe, un plan de celebración que iba a desvelar el propio arzobispo en una rueda de prensa y cuya esencia se conoció con anterioridad en estas páginas.

La autoridad eclesiástica hace responsable directamente de cuanto se filtra al presidente de la institución, pese a que la junta superior donde se cuecen las decisiones está formada por 22 cofrades. A Adolfo Arenas se le aplica la responsabilidad in vigilando o in eligendo. Y aquí es donde radica otra gran clave que explica el origen de los hechos, pues el presidente del Consejo no elige directamente a los delegados de penitencia. Éstos son elegidos por las hermandades, que pueden contar o no con la opinión del candidato de presidente. Lo usual hasta ahora es que muchos de los consejeros de penitencia no sean propuestos por el presidente, de ahí que en muchos casos ejerzan una oposición interna durante cuatro años. La reforma de los estatutos pendiente de aprobación trata de corregir esta deficiencia, instaurando las listas cerradas, lo que reduciría la presencia de consejeros no elegidos por el candidato a presidente. Mientras no se aprueben los nuevos estatutos, el presidente, en la práctica, sólo elige a los tres cargos generales, por lo que en no pocas ocasiones se ve con escaso margen de maniobra ante determinadas situaciones.

La dimisión "irrevocable" del presidente del Consejo, según el término empleado por Arenas en su carta, se produce en un momento especialmente delicado, pues la autoridad eclesiástica ha encomendado a la institución cofradiera la organización del vía crucis del Año de la Fe en el que participan catorce imágenes y una Dolorosa. Esta encomienda conlleva la realización de innumerables gestiones y la necesidad de guardar equilibrios, pues la inmensa mayoría de las hermandades ya han expresado su deseo de participar con sus imágenes en este acontecimiento.

Sólo el Arzobispado tiene la facultad de frenar la dimisión del presidente y, por lo tanto, de evitar algunos de sus efectos inmediatos más que previsibles: nuevas dimisiones de consejeros muy allegados al presidente y la posición más que incómoda en la que quedaría el delegado diocesano de hermandades, el canónigo Manuel Soria, cuyo relevo ha estado a punto de producirse en más de una ocasión.

El relato de los hechos

Lunes 22. Almuerzo en el restaurante Becerra de la calle Gamazo. Acuden los consejeros de Penitencia y los cuatro cargos generales (presidente, vicepresidente, secretario y tesorero) para dejar marcada de forma oficiosa la senda en la elección del pregonero con anterioridad al sábado, día oficial de la designación. El objetivo es que se deje el camino allanado para que el sábado todo quede en un mero trámite. 

A este almuerzo informal sólo asistían en años anteriores los ocho delegados de penitencia, que exhibían así su fuerza frente a los cuatro cargos generales. Pero estos últimos han maniobrado para participar también en la reunión preparatoria y no quedarse fuera del foro donde queda prácticamente amañada la elección, como así se demostró en 2011. El presidente Arenas plantea ese lunes la idoneidad de que se le ofrezca el pregón al cardenal Amigo con motivo del Año de la Fe, una solución que no encuentra oposición. La gran mayoría de los asistentes se muestran conformes con la propuesta. Arenas queda avalado para emprender las acciones oportunas. En caso de que el cardenal no acepte, en el mismo almuerzo se decide dejar compuesta una terna de posibles pregoneros, que sería votada ya en la sesión oficial del sábado. Esta terna la forman el abogado Guillermo Mira, hermano mayor de San Isidoro; el también abogado Antonio Rodríguez Hidalgo, ex hermano mayor de San Bernardo, y el joven organista Francisco Javier Segura Márquez. Uno de los consejeros rebeldes, José Luis Cantalapiedra, delegado del Viernes Santo, deja claro que no le gustan los pregones, pero admite que el único en el que se emocionó fue en el de las Glorias pronunciado precisamente por Francisco Javier Segura en 2009. Desde este momento, los consejeros críticos quedan a la espera de saber si el cardenal acepta o no el ofrecimiento. También se anuncia que el cura Manuel Soria asistirá a la votación oficial, tal como marcan los estatutos, lo que no es recibido con agrado por el sector crítico.

Viernes 25. El presidente Arenas procura asegurarse una respuesta del arzobispo emérito de Sevilla antes de las 10:30 del sábado, día de la elección del pregonero. 

Sábado 26 (hasta mediodía). El almuerzo previo a la votación oficial está convocado en el restaurante La Raza. A primera hora de la mañana se conoce que el cardenal declina amablemente el ofrecimiento. El presidente informa a los consejeros por teléfono de que la primera opción se ha caído. Es entonces cuando el grupo de consejeros rebeldes convoca por sms una reunión de delegados de penitencia en el Hotel Meliá para trata de inclinar las votaciones a favor de Antonio Rodríguez Hidalgo, ex hermano mayor de San Bernardo. Los veteranos quieren asegurarse el voto de los cuatro consejeros noveles. El contenido de ese sms es interceptado por uno de los cargos generales, por lo que el presidente Arenas se moviliza y logra abortar la reunión, recordando el Pacto del Becerra, por el que si el cardenal no aceptaba se organizaría una votación libre y acotada a los tres nombres acordados. El almuerzo se celebra sin incidencias. El consejero Andrés Martín, delegado de Gloria, se marcha tras la comida para participar en el cabildo electoral de su hermandad y, por lo tanto, no asiste a la votación. Martín es el hombre de máxima confianza del presidente y, además, tiene una estrecha relación con Segura Márquez, al que considera como un hijo. Antes de irse deja dicho que si el elegido es Francisco Javier Segura que lo llamen a él, pues este joven cofrade suele tener el teléfono en silencio al estar haciendo labores de prioste en la iglesia.

Sábado 26 (tarde y noche). Antes del comienzo de la sesión oficial, hay cargos generales que exponen a los consejeros noveles que la autoridad eclesiástica ve con mejores ojos al joven Segura Márquez que a los otros dos. Estas observaciones no se realizan en la sala de juntas, sino en los cabildeos previos. La candidatura de Guillermo Mira se cae a la primera, tumbada por el propio sector rebelde. Al final se vota entre Segura (siete votos) y Rodríguez Hidalgo (cinco votos). Los consejeros rebeldes se enojan al comprobar que los nuevos consejeros han seguido las recomendaciones previas y han votado como pregonero a un cofrade "al que no conocen". Es entonces cuando José Luis Cantalapiedra advierte con difundir el uso que se ha hecho de una supuesta recomendación de Palacio. Incluso se oyen advertencias sobre lo que ocurrirá con la designación de las imágenes del magno vía crucis. El ambiente para algunos resulta irrespirable. 

Lunes 29. El presidente tiene conocimiento del enojo de la autoridad eclesiástica por haberse hecho uso de una supuesta recomendación episcopal en favor de un candidato, así como de la filtración de otros detalles. Arenas entiende que sin apoyo de la autoridad no se puede continuar y entrega en mano su carta de dimisión irrevocable al cura Manuel Soria. Por la noche, recibe la visita en su despacho de varios consejeros y del propio Soria. El gabinete de crisis se celebra hasta la 1:30.

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