La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha remitido un informe a la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que analiza los errores en la ejecución de la condena por abusos sexuales dictada contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, para concluir que debe sobreseerse el expediente disciplinario abierto contra su titular, Rafael Tirado, y cargar la responsabilidad de lo ocurrido sobre la secretaria del juzgado, Juan Gálvez.

El documento "exige" al CGPJ el sobreseimiento del expediente disciplinario por falta muy grave de desatención que se tramita contra el juez Tirado, quien llegó a ser presidente de la APM en Andalucía, "por haberse realizado su actuación profesional con absoluta responsabilidad profesional y con precisa observancia de lo dispuesto en la Ley".

La asociación, mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, pide al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que "depure las responsabilidades en que hayan podido incurrir los profesionales de él dependientes y que tenían encomendada la ejecución de la condena" de dos años y 9 meses dictada contra Del Valle por los abusos sexuales a su propia hija. El escrito se refiere de forma concreta, aunque sin citar su nombre, a la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez Muñoz, quien ya está siendo investigada disciplinariamente por el Ministerio de Justicia.

La asociación afirma que "pudiera haber sido que la secretaria judicial no participara al juez -en este caso concreto- de los distintos obstáculos que impidieron a la oficina acordar con el penado el ingreso voluntario en prisión que inicialmente había ordenado el juez". Añade que también hay que considerar que "aquella ineficiencia (de la secretaria) no parece haber venido acompañada de elementos o circunstancias que facilitaran su percepción fuera del estricto grupo laboral encargado de la ejecución", como lo evidencia la "inactividad del Ministerio Fiscal", que no recurrió ninguna de las iniciativas de ejecución. Todo ello pese a que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal le insta a "velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social". El documento remitido al CGPJ fue aprobado en una reunión de la comisión permanente de la APM.